Los últimos días de septiembre vienen con el verde de la primavera y con el verde de la lucha. La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito prepara las acciones para el Grito Global por el Aborto Legal que tiene lugar todos los 28.
En un año sin pandemia estaríamos armando la grilla de artistas para un festival, decidiendo en qué punto y a qué hora concentrar para marchar, y averiguando presupuestos para sonido, luces, carpas y glitter.
Hoy, en nuestro grupo de WhatsApp circulan ideas para eventos online y hashtags. Reinventamos nuestra militancia para adaptarla a la virtualidad que nos impone la crisis sanitaria y seguimos exigiendo que de una vez por todas se legisle en favor de nuestro derecho a decidir.
Si no hubiera pandemia, quizá estaríamos celebrando la sanción de la ley. O exigiendo su implementación. El escenario es contrafáctico, pero con la marea verde que lo reclama desde hace más de 15 años –y con mayor visibilidad que nunca luego de la media sanción de 2018–, sumado al anuncio inédito que hizo el presidente Fernández al inaugurar el año legislativo, ese escenario arroja como mínimo el tratamiento parlamentario de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pero aún esperamos.
“Voy a mandarlo en cuanto pueda”, fueron las palabras del Presidente sobre el proyecto de ley de aborto cuando se lo entrevistó en julio. “Simplemente postergamos el envío por la urgencia que hoy tenemos”, agregó.
La urgencia es una pandemia que lleva, a la fecha, cerca de 600 mil contagios y alrededor de 13 mil muertes en nuestro país. No la minimizamos y respetamos la prioridad en la atención y la prevención en la salud de toda la población, porque nuestro compromiso es con la salud integral.
Aun así, no dejamos de contar muertes por abortos clandestinos, embarazos no deseados, obstáculos y dilaciones en la atención de los servicios de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, como la interrupción legal del embarazo y la anticoncepción, falta de insumos y de medicamentos, y dificultades para la implementación de la educación sexual integral.
Incluso teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud consideró a estos servicios como esenciales.
Si algo nos enseñó la pandemia es la necesidad de reforzar el sistema de salud. Una perspectiva sanitarista y respetuosa de los derechos humanos debe, necesariamente, poner fin a la discriminación que sufrimos las mujeres y personas gestantes por no contar aún con la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Sin una legislación que garantice este derecho, en medio de una crisis sanitaria, económica y social, lo que ya era una urgencia se vuelve impostergable.
La mejicana Cristina Rivera Garza escribió una crónica sobre los cuerpos durante la pandemia. Expone que tenemos que ser conscientes de que somos cuerpos, y que estos cuerpos que hoy se encuentran detenidos por la desaceleración que produjo la pandemia, en países en donde no existe la salud pública, como son México y Estados Unidos, no son materia de cuidado sino de mera extracción.
Además de recomendar su lectura íntegra, quiero traer una pregunta con la que ella cierra su reflexión: “¿Cómo nos las arreglaremos para exigir que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger la salud de la población mientras, simultáneamente, producimos relaciones entrañables, es decir, modos de afecto y de conexión que partan de la amplia admisión de que somos cuerpos y precisamos, y podemos brindar, cuidado?”.
Pienso que estas relaciones entrañables, en lo referido al aborto, ya existen. Son las redes que supimos darnos entre activistas, militantes, profesionales de la salud, socorristas, abogadas, estudiantes y compañeras, para sostener prácticas seguras, aún en la clandestinidad. Pero le toca al Estado cumplir con su responsabilidad de proteger la salud.
El Poder Ejecutivo tiene que hacer efectiva la presentación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación, y el Congreso tiene que darles tratamiento a ese proyecto y al proyecto que ya fue presentado por la Campaña en 2019. Es tiempo de ponerle fin a la discriminación que nos condena, atendiendo a la salud integral y a la garantía de nuestra libertad. No puede haber personas en riesgo de perder la vida, la salud o la libertad por restricciones a nuestra capacidad de decidir, ni siquiera durante una pandemia. Seguimos exigiendo: aborto legal ya.
* Coordinadora de Asuntos Legales de Fundeps
