Hoy se encuentra en pleno auge la utilización de los datos públicos a través de formatos de archivos abiertos, que ayudan a la interoperabilidad entre fuentes de datos y software. Esto surge con el fin de fomentar la transparencia gubernamental, así como contribuir en aspectos de innovación y desarrollo económico, generando nuevas oportunidades para empresas que desean utilizar estos datos para crear productos y servicios.
Varios países en todo el mundo han implementado iniciativas de gobierno abierto y, en muchas ocasiones, colaboran en proyectos internacionales relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas. Mientras, algunas otras organizaciones trabajan en conjunto con ellos para promover estas prácticas políticas y la participación ciudadana.
Actualmente, son más de 75 países (pertenecientes a África, Oriente Medio, América, Europa, Asia y el Pacífico) los que forman parte de la Open Government Partnership (OGP), quienes apoyan y exigen que los gobiernos deben abrir sus datos y ser más transparentes y accesibles para los ciudadanos, con la intención de lograr una gobernanza más efectiva.
En particular en Argentina, existe la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que promueve que los ciudadanos soliciten y obtengan datos públicos sobre actividades gubernamentales, registros públicos o cualquier tipo de dato de entidades gubernamentales, que pueden estar disponibles en formatos abiertos. En el contexto de América latina, muchos de ellos han promulgado leyes de acceso a la información pública en las últimas décadas.
Datos personales sensibles
Si bien la publicación de datos públicos abiertos contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, respaldando la toma de decisiones en aspectos de salud pública, crecimiento económico, seguridad, transporte y otros, también plantea preocupaciones sobre la privacidad.
Algunos de ellos, como los personales o confidenciales, pueden ser accesibles a través de conjuntos de datos públicos, lo que podría llevar a pensar en la posibilidad de exposición de información sensible.
Cuando hablamos de datos personales sensibles, nos referimos a aquellos que corresponden a ciertos aspectos, como la salud personal, creencias religiosas, vida sexual, cuestiones personales filosóficas o morales, información sobre cuentas bancarias, ubicación geográfica de una persona sin consentimiento (geolocalización) o datos biométricos que son específicos para la identificación única de una persona física, entre otros.
Debido al especial cuidado que se debe tener en los datos sensibles, es necesario que exista un rol específico que permita compartirlos –en este caso los públicos– de manera segura.
Y es aquí cuando surge el rol del encargado de los datos, una persona física o jurídica, entidad privada o autoridad, que se debería responsabilizar por la protección de datos, así como regular el consentimiento de las personas cuyos datos personales se procesan. Además, se encargaría de aspectos de seguridad de datos, en los que se definen medidas que los organismos públicos deben implementar, como controles de acceso a estos datos, cifrados o auditorías.
En este contexto, es importante mencionar que tanto la confidencialidad como la integridad de los datos personales deben ser resguardadas por diversas técnicas de seguridad que permitan protegerlos frente a accesos indebidos, no autorizados o ilegítimos, evitando de esta manera la divulgación pública.
Legislación y normas vigentes
En nuestro país, se aprobó la resolución 40/2018 titulada “Política de modelo de Protección de Datos Personales para Organismos Públicos”, la cual define las pautas y los principios bajo los cuales las entidades gubernamentales deben manejar la información personal de los ciudadanos.
Por otro lado, desde la Dirección Nacional de Ciberseguridad, se elaboró un modelo de Referencia de Política de Seguridad de la Información para los organismos del sector público nacional a través de la Disposición 1/2022, con foco central en la protección adecuada de los datos y los recursos utilizados en su tratamiento, así como los activos tecnológicos públicos. Es decir, se presenta un conjunto de buenas prácticas en aspectos de utilización de estándares y recomendaciones internacionales en el contexto de seguridad de la información.
“La política modelo de seguridad de la información representa un insumo esencial para que los organismos puedan cumplir con los estándares mínimos de ciberseguridad que el Gobierno nacional pretende establecer para ofrecer servicios de calidad al ciudadano. La ciberseguridad es un proceso, no es una ciencia exacta. Por ese motivo, elevamos la vara permanentemente”, mencionó el director nacional de Ciberseguridad de Argentina, Gustavo Sain.
Además de estos modelos propuestos por el Estado Nacional Argentino, existe la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales o habeas data, que preserva la publicación de datos de identidad, salud o crédito si son utilizados sin el consentimiento de una persona.
Otro factor fundamental que se suma en esta era digital es la utilización de Inteligencia Artificial con datos públicos. Con el fin de mantener el tratamiento correcto y acompañar su uso adecuado –herramienta en pleno desarrollo y conocimiento–, se presenta la Resolución 161/2023, titulada “Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el uso de la Inteligencia Artificial”. Básicamente, se enfoca en la utilización de procesos de análisis, regulaciones y otras capacidades que aprueban el uso adecuado de esta tecnología que se encuentra en auge.
De esta manera, se espera que tanto el sector público como el privado puedan garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos en conceptos como la transparencia y protección de datos personales.
Si bien aún nos queda un largo camino por recorrer en aspectos del uso del dato público abierto, lograr una adecuada estandarización del tratamiento permitirá una colaboración interinstitucional más eficiente entre los diferentes organismos gubernamentales y organizaciones; lo que brindará, consecuentemente, soluciones más efectivas y coordinadas.
* Investigadora del Instituto de Tecnología (Intec) de Uade
