El saldo indiscutible en los 40 años de democracia es que la educación, las instituciones y sus estudiantes ganaron en derechos y en oportunidades.
En cuatro décadas se sancionaron leyes fundamentales, se produjo un acceso masivo a las escuelas con la explosión de la matrícula, de la mano de la obligatoriedad del secundario y el nivel inicial. Los niños, las niñas y los adolescentes de todas las clases sociales tuvieron las puertas abiertas en igualdad de condiciones a la escuela estatal, a la que asiste la gran mayoría del estudiantado.
En paralelo, la palabra y la participación comenzaron a circular, cambiaron metodologías, se reformaron los planes de estudio, y se dio paso a una escuela más sensible y con lugar para todos mientras, paradójicamente, sufría desigualdades en su interior.
En otras palabras, la democracia reconoció a las personas como iguales y puso un paraguas protector sobre las infancias y las adolescencias, pero por sí misma no logró mitigar las complejidades para enseñar y aprender en escenarios de inequidad, provocados en gran parte por la pobreza siempre en alza.
CANAL ESPECIAL 40 AÑOS EN DEMOCRACIA
La democracia pagó las viejas deudas de exclusión y selectividad arrastradas por la dictadura, donde daba igual si los chicos y las chicas estaban dentro de los colegios, pero generó nuevas deudas: la inclusión con calidad y la terminalidad educativa.
Gonzalo Gutiérrez, director del Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba (ICIEC-UEPC), en la revista Educar en Córdoba sostiene que al llegar 1983 no había una preocupación por los ausentes en las escuelas, por los que no terminaban o no aprendían. Hoy, asegura, esas desigualdades duelen.
“Era esa una escuela con menos conflictos, porque había menor diversidad en su interior, tanto por los que no accedían a ella como por la legitimidad de la exclusión de quienes no se adaptaran”, piensa.
En tanto, la escuela hija de la democracia fue atravesada por hechos históricos que la afectaron completamente. Así, la hiperinflación de 1989, la crisis del 2001 y el confinamiento por el Covid-19 profundizaron la fragmentación social.
Crecimiento de la matrícula
Las leyes educativas sancionadas en democracia posibilitaron que todos los chicos estuvieran dentro de la escuela y que se garantizaran otros derechos fundamentales.
El acceso se universalizó, pero las sucesivas crisis socioeconómicas desafiaron a las comunidades educativas a capitalizar ese logro, a optimizar las trayectorias escolares, a mejorar los aprendizajes y a imaginar estrategias para frenar la deserción.
En estos 40 años, la matrícula se triplicó en la provincia de Córdoba. En el nivel inicial, pasó de 42.764 estudiantes en 1983 a 118.375 en 2023, según datos del Área de Investigación del ICIEC-UEPC sobre la base de información oficial. Los cargos docentes aumentaron más de cinco veces y las unidades educativas se duplicaron.
Este crecimiento se explica, en parte, por la sanción de la obligatoriedad de las salas de 4 y 5; es decir, por su reconocimiento como un derecho.
“En la escuela de antes, en nivel inicial y secundario había muchos menos estudiantes escolarizados que en la actualidad, y a la primaria la terminaba poco más de la mitad; mientras que ahora todas y todos los estudiantes que comienzan la primaria la terminan y se inscriben en el primer año del secundario”, apunta Gutiérrez.
En primaria, la tasa de escolarización supera el 95% desde inicios de la transición democrática.
Con una matrícula sostenida y de cobertura casi universal, en este nivel se amplió la inclusión y disminuyó simultáneamente el desgranamiento, que pasó del 45% al 1%, según datos del Instituto de Capacitación e Investigación de la UEPC.
El número de estudiantes secundarios, en tanto, aumentó más de 30 puntos porcentuales en la provincia de Córdoba en este período, y la cantidad de cargos docentes se duplicó. Es decir, ese nivel –obligatorio desde 2006– creció, se amplió y se volvió más diverso.
“Al comenzar esta última democracia teníamos siete años de educación obligatoria. La hemos duplicado. Yo empecé el secundario en 1982, y el 60% estaba fuera de la escuela. Hoy están casi todos”, remarca Gabriel Brener, especialista en educación y profesor universitario.
Las políticas educativas que se construyeron desde el retorno a la democracia fueron claves. Gutiérrez recuerda que en la década de 1980 se desarmaron los mecanismos selectivos de la escolaridad, se eliminaron los exámenes de ingreso al secundario, se reincorporaron docentes cesanteados durante la dictadura, se permitió el funcionamiento de los Centros de Estudiantes, se debilitó el conjunto de mecanismos represivos aún existentes y se amplió el debate público sobre la educación en el marco del Congreso Pedagógico Nacional, en el que participaron partidos políticos, sindicatos, credos religiosos y organizaciones sociales.
En los años ‘90 se extendió la educación obligatoria hasta la EGB3 y en la primera década del segundo milenio, a sala de 5 y a todo el nivel secundario. En 1997 se levantó la Carpa Blanca frente al Congreso Nacional en reclamo por una ley de financiamiento educativo y la derogación de la Ley Federal de Educación.
En esos 20 años hubo dos reformas educativas, se incorporó la temática de los derechos humanos en el marco de “la educación y la memoria”, y se creó el programa Conectar Igualdad, que dotaba de una computadora a cada alumno.
En la última década, la inversión educativa tuvo altibajos y los resultados en las pruebas estandarizadas de evaluación nacional e internacional fueron magros. Después irrumpió la pandemia, que trastocó todo.
Leyes fundamentales
La sanción de la Ley de Educación Nacional (LEN) en 2006 fue otro mojón en estos 40 años de libertad. “La Ley 26.206 es un gran logro que recoge el mejor legado de la Ley 1420 (NdR: que en 1884 estableció la educación primaria común, gratuita y obligatoria). Junto con esta ley, hay muchísimas otras que son un sostén fundamental para democratizar la educación”, plantea Gabriel Brener.
Esta norma modificó la Ley Federal de Educación de 1993, que había regulado el sistema educativo en todos sus niveles y modalidades, e incorporado el principio de equidad, el discurso de la calidad educativa y las evaluaciones estandarizadas, criticadas por diversos sectores. La LEN introdujo la idea de igualdad y consideró a la educación como un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado.
La ley de educación sexual integral (ESI) fue otro hito que incorporó una temática urgente al interior de las escuelas. En opinión de Brener, la ESI debe ser política de Estado, igual que el acceso a la tecnología y a la conectividad.
“El desafío de la democracia es inclusión y calidad como aspectos indisociables. Por un lado, para comprender que un sistema educativo no es democrático si no están todos dentro. Y por otra parte, porque separar inclusión de calidad suele ser una fuente de mercantilización educativa”, opina el especialista.
Las deudas
La escuela de 2023 es más democrática, inclusiva y sensible a las necesidades de las y los estudiantes, aporta Gutiérrez. Sin embargo, cree que “continúa siendo valorada de modo descontextualizado por los resultados de las evaluaciones estandarizadas”.
De cualquier modo, el salto cualitativo en el aprendizaje sigue siendo una de las grandes deudas de la democracia. También lo es la mejora en las condiciones laborales de los docentes, similares a las existentes hace 40 años, pero en contextos educativos y sociales convulsionados e inéditos.
Nada de lo anterior desmerece la potencia de la escuela que, en palabras de Gutiérrez, se aprecia mejor en los períodos en los que se profundizan las desigualdades. En esos momentos, dice, manifiesta su capacidad para incluir a sus estudiantes y hacer menos injustas sus vidas.
La escuela, así, es el dispositivo más democrático de la sociedad.
