Como cada año, un conjunto de autores pasan a dominio público a 70 años de su muerte: Antonin Artaud, Georges Bernanos, Zelda Fitzgerald, Osamu Dazai o el dibujante alemán Thomas Theodor Heine son algunas de las figuras enciclopédicas fallecidas en 1948 cuyas obras a partir del 1° de enero de este año pueden ser reproducidas sin consenso de terceros (con la excepción de los traductores de ediciones extranjeras, cuyos derechos deben ser asimismo pagados hasta el 70º año de su deceso).
Este aspecto de la ley nacional, en armonía con buena parte de la legislación internacional –al que se agrega el abono de un 1 por ciento al Fondo Nacional de las Artes por el precio de venta de cada unidad de la obra al momento de su edición, medida compartida con Uruguay y Senegal–, es el más conocido de la ley 11.723 que regula los derechos de autor desde 1933, y sobre la que hoy se ciernen exigencias de actualización a pesar de las reformulaciones que la norma ha tenido.
Ese será uno de los puntos a debatir en una mesa del Congreso de la Lengua dedicada al ítem jurídico y su contexto, en la que participan los especialistas Ana María Cabanellas, Quetzali de la Concha y Jorge Corrales. La modificación por sí misma no es lo recomendable, como prueba el rechazo unánime al reciente proyecto de ley del senador Federico Pinedo de Cambiemos –llamado "Pinedo"–, que beneficiaba a las grandes corporaciones de internet (Facebook, Twitter, Google) al exonerarlos de responsabilidad frente a la reproducción ilegal de los contenidos subidos por usuarios.
De qué se hablará en el Congreso de la Lengua
El punto problemático del proyecto era la forma de notificación sobre la vulneración de los derechos, que ponía el peso sobre sus titulares gestando un dispendio jurisdiccional excesivo y una demora irrazonable para resolver cada caso. En ese sentido, las legislaciones de Europa y los Estados Unidos están más actualizadas, y contemplan un mecanismo de notificación a cargo de los sitios web que permite bajar de manera inmediata un contenido en infracción a la propiedad intelectual. Así, la discusión en torno al proyecto Pinedo –desencadenada a fines del año pasado– explicita la complejidad del rubro derechos de autor de cara a la última revolución tecnológica, pero también ante un escenario industrial que se ha diversificado en las últimas décadas y que hoy padece el embate de una grave crisis social.
Realidades locales
“Los derechos son hoy un tema espinoso debido a la ruinosa situación económica y a la continua depreciación de nuestra moneda, ya que están fijados en dólares. Algunas agencias y editoriales extranjeras comprenden la situación, otras no. Los derechos se liquidan de un año a otro y las devaluaciones del macrismo llevan a pagar más derechos por un libro que se vendió a un precio que ya no tiene y que es imposible que se pueda trasladar al precio de venta actual”, dice Julio Rovelli de la editorial Cuenco de Plata, que cuenta en su catálogo con numerosos autores clásicos.
¿Qué sucede cuando un escritor pasa a dominio público? Rovelli: “Es un momento interesante, hay nuevas oportunidades para la difusión de su obra. Dejan de existir la exclusividad de tal o cual editorial, desaparecen las ediciones únicas y hay editores dispuestos a volver a trabajar en una obra. El castellano es un lenguaje con miles de particularidades espaciales y realidades nacionales, locales. Cada época tiene su marca y las traducciones y criterios varían, hoy nos encontramos con obras que han sufrido censuras o que se tradujeron sólo para España. Por eso se las favorece si se busca hacer nuevas ediciones y traducciones. En ese aspecto, los traductores están desprotegidos en su trabajo autoral y hace falta una ley del traductor. El trabajo que viene realizando la Aati (Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes) es muy loable”.
Otra industria
Avasallada por el presente tecnológico y el dilema entre proteccionismo y apertura legal, la ley de propiedad intelectual pide flexibilidad y renovación.
“Internet ha venido a transformar la industria, por un lado agilizando los pasos necesarios para editar un libro y aumentar su difusión, ya sea a través de libros electrónicos o haciendo marketing y comercialización en cualquier soporte. Pero por otro lado también facilitando la copia ilegal de libros. La piratería digital crece considerablemente y perseguirla es complicado”, dice Ana María Cabanellas, abogada, editora y directora del grupo editorial Claridad y vicepresidente del Centro Argentino de Derechos Reprográficos (Cadra).
Algunas de las reformas puntuales que se barajan son las siguientes: “Reconocer entidades de gestión de derechos no reconocidas como Cadra; legislar sobre copia privada, lo que permitiría aplicar un canon a la venta de elementos como escáneres o fotocopiadoras y repartir esos importes entre los perjudicados, ya sean autores y editores, músicos y productores o video actores, autores y productores con excepción para invidentes, instituciones educativas o bibliotecas; legislar sobre obras fuera del comercio, agotadas, para las que en algunos países ya se prevé una digitalización excepcional; y crear el derecho a remuneración por el uso digital de publicaciones periodísticas por sitios web”, enumera Cabanellas.
Derecho a la cultura
Beatriz Busaniche, presidente de Fundación Vía Libre –organización civil que se dedica a la defensa de derechos en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación– señala que la ley necesita reconocer el derecho a la cultura.
"La ley de propiedad intelectual fue diseñada para un modelo tecnológico de siglo 19 que involucra a la industria librera, y si bien ha sido emparchada con actualizaciones sobre software, bases de datos y demás, no atiende al derecho de acceso y participación en la cultura, un derecho posterior al dictado de la ley que desde 1994 tiene vigencia en nuestra Constitución", explica.
Y sigue: “La ley debería contemplar la puesta a disposición pública de patrimonios colectivos, de bienes intelectuales intangibles en poder de instituciones. Casos como la reproducción con fines de archivo o de conservación, la puesta a disposición en internet de obras que están en museos para que personas del interior del país puedan acceder y que ahora es considerada delito”.
La posición de Busaniche contrasta con los intereses del establishment industrial: "La piratería se usa como chivo expiatorio para pedir por una ley más dura. Eso pasa en Europa en este momento, donde los grandes medios de comunicación pujan por un artículo que crea una especie de impuesto sobre el link, mientras que las medianas y pequeñas empresas de editoras que necesitan el tráfico para visibilizarse y generarse una audiencia están en contra", dice.
Y concluye: "La pregunta que tenemos que hacernos es cuál es el fin de la ley en este estado de cosas. Toda regulación de propiedad intelectual tiene un objetivo, que es generar un dominio público rico y más y mejores obras para una cultura diversa, plural y accesible. Un sistema maximalista, represivo y punitivo en materia de propiedad intelectual sólo beneficia a aquellos que ya están consagrados en el negocio y obtura la emergencia de nuevas corrientes culturales. El punto más crítico que veo es la naturalización de la censura de las obras derivadas con la propiedad intelectual como argumento. Hay anónimos que no tienen mecanismos de defensa legal frente a un aparato munido de grandes estudios de abogados y estrategias jurídicas. El usuario de a pie, el youtuber, el gamer, el creativo, el diseñador que hace memes o videos no tiene posibilidad de defenderse. Y la cultura es imposible sin la cita. El caso paradigmático de esto es el reciente fallo a favor del sitio Taringa!, un fallo absolutorio muy bien fundamentado que ordena no condenar penalmente a quien administra una plataforma aun en caso de violación de propiedad intelectual, en defensa del derecho a la libertad de expresión".
