Hace cuatro años, en muchas de las cuadras de la ciudad de Córdoba existían contenedores verdes para depositar residuos reciclables: botellas de plástico, papeles, envases de vidrio.
A los pocos meses –en noviembre de 2020– la Municipalidad de Córdoba decidió retirarlos. La argumentación: que la gente no respetó la separación de los residuos, con los cestos verdes para secos y los contenedores negros para húmedos.
El caso es paradigmático, porque muestra el problema de la participación ciudadana en ambas caras de la moneda: la de la ciudadanía y la del Estado.
En la ciudadanía, porque nuestras conductas cívicas dejan mucho que desear: tiramos todo en cualquier parte, no respetamos horarios, estacionamos en plazas, violamos normas de tránsito… la barbarie sigue siendo nuestro estado natural, pese a los avances.
Por el lado del Estado –en este caso, el municipal–, demuestra la falta de recursos, en especial imaginativos, para abordar un problema básico como el del tratamiento de residuos. Es decir: como la gente no cumple, retiran la iniciativa. En lugar de promover acciones educativas en los barrios, o campañas mejor dirigidas para que cada vecino aprenda a reciclar, lo que se hizo fue desechar los contenedores verdes para reemplazarlos por la supuesta comodidad del camión recolector que, un día a la semana, retira los reciclables.
Basta un paseo por cualquier barrio para mirar los canastos de la basura y chequear cómo se incumple esa consigna.
Por eso es compartida la responsabilidad en el círculo de la participación ciudadana: quienes no la aprovechan ni la ejercen, y quienes no la promueven, por diversas razones.
Algunas herramientas
La ciudadanía argentina acaba de utilizar una de las mayores herramientas democráticas de participación ciudadana: el voto. Se trata, sin dudas, de la acción más directa que tiene la gente no sólo para hacer conocer su opinión sobre una gestión, sino para definir –aunque sea a grandes rasgos– el marco institucional del país.
No vivimos en una democracia directa, sino en una republicana, en la que los y las representantes gobiernan en nombre del pueblo. Sin embargo, no se trata de votar y luego desentenderse de todo: como ciudadanos, disponemos de herramientas de participación a través de las cuales podemos tener alguna injerencia –individual y colectiva– en los asuntos de gobierno, en especial en los niveles locales. Eso incluye desde cómo tratar la basura, hasta saber cuánto costó una obra pública.
Algunas de esas herramientas son: el pedido de acceso a la información (que se puede ejercer a nivel municipal, provincial o nacional), la iniciativa popular (el derecho de lo/as ciudadanos/as a presentar un proyecto de ley para su tratamiento por el Poder Legislativo), el presupuesto participativo (para que las comunidades locales puedan definir qué se hace en sus barrios) o la audiencia pública (instancia que habilita un espacio para que todas las personas o partes que se vean afectadas o tengan un interés particular expresen su opinión sobre una decisión administrativa o legislativa), entre otras.
A nivel local, los centros vecinales suelen ser un instrumento por el que se canalizan muchas de las inquietudes de la gente en los barrios. En la ciudad de Córdoba figuraban en 2021 (última actualización de la página municipal) 362 de estos centros.
¿Se puede incidir?
No resulta una tarea fácil medir el nivel de participación ciudadana, mucho menos compararla con indicadores entre municipios o provincias. Por varios motivos.
Un ejemplo: en la página de Audiencias Públicas del Gobierno de Córdoba figura la convocatoria a 70 audiencias públicas durante 2023, la mayoría relacionadas con radicaciones de canteras, loteos o plantas fabriles que requieren un estudio de impacto ambiental y que podrían afectar a las zonas en donde se instalarían.
Trece de esas audiencias figuran como canceladas.
A esas reuniones –que deben ser convocadas por ley, para que se escuche la opinión de las distintas partes– no suele concurrir mucha gente. Por falta de compromiso cívico, pero también porque esas convocatorias no reciben tanta difusión como la inauguración de una obra.
Las personas que participan en estas audiencias están obligadas a inscribirse en un registro oficial. La Provincia no respondió la consulta de La Voz sobre los datos de esa concurrencia.
Otro caso: en la página del Ersep (Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba) figuran 26 audiencias públicas en 2023, todas convocadas para analizar los pedidos de aumentos por parte de las concesionarias del agua, del transporte, del peaje o del servicio eléctrico. Ningún pedido de estas empresas fue rechazado.
La Voz tampoco pudo acceder al registro de concurrencia a estas audiencias públicas.
La última convocatoria del Ersep, para el 16 de enero, es clave para la ciudadanía de Córdoba: se tratará el “Procedimiento Especial en la determinación tarifaria de los servicios públicos”. Es decir, la actualización por inflación que seguramente lograrán las empresas y el gobierno provincial.
Balance y críticas en Córdoba
En el informe “La participación ciudadana local en la historia argentina reciente (de los ´90 a la actualidad): Asistencia, movilización, institucionalización” (*), las autoras Adriana Rofman y Carolina Foglia resumen la evolución de la participación ciudadana en las últimas décadas.
Describen cómo se produce un “click” a comienzos del siglo 21: “(...) el modelo de rejerarquización del Estado que se puso en marcha en los primeros años del siglo implicó un salto cualitativo en esta trayectoria de institucionalización de la participación local, porque los mecanismos participativos que se fueron instalando durante esta última década se asientan en marco institucional significativamente más consolidado. (...) La mayoría de las iniciativas están, además, consolidadas normativamente, lo que se traduce en un respaldo también legal –en leyes, decreto u ordenanzas– de la participación de la ciudadanía en su procesamiento”.
Es decir que las redes de participación ciudadana se fortalecieron en las últimas tres décadas, al menos en lo que hace al marco institucional.
En la ciudad de Córdoba un proyecto innovador en ese sentido fue el de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, que nació en 2009 como un “espacio plural, no partidario y autónomo de los gobiernos en todos sus niveles, al que adhieren y en el que participan más de 200 ciudadanos que forman parte de 60 organizaciones”.
Reúne a representantes de organizaciones sociales, universidades, empresas, centros de investigación, colegios profesionales, centros vecinales y particulares.
Una de sus principales iniciativas es la de incidencia en las políticas públicas a través del Plan de Metas, que compromete a las gestiones municipales en cuestiones relacionadas con mejores en ambiente, democracia participativa, desarrollo socioeconómico, desarrollo urbano y vivienda, educación, salud, seguimiento presupuestario, seguridad, transparencia y acceso a la información pública, transporte y movilidad urbana.
Pamela Cáceres, politóloga y una de las fundadoras e integrante de la Red, dice en relación a la anterior gestión municipal de Martín Llaryora: “El diseño institucional de la participación ciudadana fue innovador. Las instancias destacadas son las Juntas de Participación Vecinal como espacio pensado para la cogestión de las políticas para y desde el territorio. No obstante ello, nunca se implementaron en tanto tal”.
En relación al Plan de Metas, explica que “es otra instancia innovadora en el país y la región”, pero que “sin embargo nunca se instrumentó un mecanismo para la efectiva participación ciudadana en la definición del programa de gobierno, salvo las audiencias públicas”.
Piden mayor participación
Cáceres destaca lo ocurrido “en las Juntas de Participación Vecinal en 2021–2022 y 2023. Se activaron y se reformó la ordenanza para que se definieran los Planes de Mejoramiento Distrital, como una forma de gestión descentralizada de las políticas en el marco de los CPC. La otra instancia que reformó la gestión Llaryora es la del Presupuesto Participativo. Lo convirtió en Presupuesto Participativo Barrial, en general para definir desde los barrios (algunos) cuáles serían las obras que se llevarían a cabo sobre todo en el marco de lo que denominaron la “autogestión vecinal” desde los centros vecinales”.
La Voz intentó obtener los datos de participación en las Juntas de Participación Vecinal entre 2021 y 2023, sin suerte. Lo mismo ocurrió con los datos de participación de la ciudadanía en el Plan de Metas en ese mismo período.
En el balance general, la politóloga señala que “lo que ocurrió es la creación de múltiples instancias de participación, consejos, etc. que multiplicaron y fragmentaron los espacios, y en los hechos han tenido muy poca incidencia en las decisiones públicas. Hubo muy poca rendición de cuentas de lo que se decide y ejecuta, lo cual desincentiva la participación y la confianza en la eficacia y en la transparencia de esos espacios”.
Por último, señala que “es muy difícil que se fortalezca la participación democrática cuando los mecanismos de participación conviven con un diseño de representación en el Concejo Deliberante dado por la mayoría automática (Cláusula de Gobernabilidad). Las principales decisiones sobre los temas de la ciudad se proponen y aprueban en el bloque del oficialismo. Los convenios urbanísticos son el caso típico de eso. Se trata de decisiones que afectan estructuralmente el desarrollo de la ciudad y que no son planificados ni sometidos a la participación de la población principalmente afectada por los mismos. Desde Nuestra Córdoba decimos que esos temas debieran ser objetos de la planificación participativa desde las Juntas de Participación Vecinal”.
Desde la Red Nuestra Córdoba recuerdan que se está frente a un nuevo proceso de definición del Plan 2024-2027, lo cual es una oportunidad de avanzar en estos temas. “Para medir la participación no sólo debemos basarnos en datos cuantitativos (cuánta gente participó) sino también cualitativos: ¿Cuál es el objeto de la participación? Si es relevante o irrelevante. ¿Cuál es la eficacia de la participación? ¿La participación incide efectivamente en las decisiones que se toman? ¿Quiénes participan? ¿Las instancias son representativas de los distintos sectores involucrados?”, explica Cáceres.
“Desde Nuestra Córdoba nos pusimos a disposición del intendente Daniel Passerini para colaborar en instrumentar mecanismos de participación ciudadana en la elaboración del Plan de Metas 2024-2027 que tiene que presentar a más tardar en abril. Le ofrecimos colaborar para que su gestión pueda distinguirse en ese avance y tener un Plan de Metas más participativo”, finaliza.
(*) Revista Estado y Políticas Públicas Nº 5. Año 2015. ISSN 2310–550X pp. 41–61.
