El largo camino a la cultura del buen trato
La persistencia de casos de acoso escolar de adultos a jóvenes, de faltas de respeto por parte de adolescentes a docentes (y a la inversa), de padres y madres a directivos y a directivas (y viceversa) y la multiplicación de episodios de bullying y de grooming están obligando a las escuelas, a las familias y a la sociedad en general a indagar sobre cuál es la génesis de los modos violentos de interactuar, y a promover la “cultura del buen trato”.
“¿En qué medida permitimos que la violencia descarnada y simbólica provoque sufrimiento y padecimiento en las infancias y juventudes mientras se sostienen discursos fundamentados en los derechos humanos?”, se pregunta la magister Mónica Fornasari, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba, para quien la violencia es un límite ético que implica comprender la responsabilidad asumida frente al otro.
La violencia es un fenómeno complejo y multidimensional (subjetivo, social, educativo, cultural y político), que a criterio de Fornasari parece estar naturalizado.
Pero, a la par, la violencia se instala en la discusión pública y cada vez más jóvenes están convencidos de que es un monstruo de mil cabezas y de que militar el derecho a vivir en espacios libres de agresión es una obligación moral.
“Todo acto, palabra y gestualidad que dañe al semejante en su dignidad, integridad física, sexual, moral o cultural es una expresión de violencia, que como sociedad no podemos permitir ni minimizar”, sostiene Fornasari.
La experta opina que el gran problema es la indiferencia frente a los sucesos violentos en distintos espacios e instituciones, y tiene la sensación de habernos acostumbrado, desde lo político y social, a convivir con modos discriminatorios.
El dilema, cree, aparece cuando la diferencia se marca como algo disruptivo y estigmatizante, cuando el “otro diferente” carga con los prejuicios sociales, que lo ubican en la exclusión y la burla del grupo dominante; cuando la demarcación de lo diverso expresa lo negativo y lo que se debe anular del otro.
“En los espacios escolares, observamos posiciones que naturalizan los vínculos violentos y de dominación entre pares ‘como un juego’, ‘como lo esperable’” o al creer que es un problema de los chicos, detalla Fornasari.
Para la investigadora, esas enunciaciones proyectan los conflictos en los otros y ponen a las personas al límite de no sorprenderse frente a las distintas formas de bullying o a aceptar que las relaciones se basen en la ley del más fuerte y no en interacciones sociales enriquecedoras.
Desde siempre, los ámbitos educativos han sido espacios privilegiados para enseñar y aprender a convivir en sociedad e internalizar las normas sociales. ¿En qué momento estos espacios dejan de ser seguros?
Fornasari se pregunta: “¿Cuáles son nuestros modos de relación frente al otro? ¿Lo escuchamos? ¿Lo miramos? ¿Reaccionamos con violencia, exabruptos, destrato? ¿Ponemos en palabras nuestras emociones?”.
Decir versus saber decir
La psicóloga Julia Córdoba, magister en Salud Mental y Comunitaria y exprofesional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), recuerda que los seres humanos tienen maneras de expresión acordes a su condición y estilo.
Los niños y las niñas, dice, por el contrato, no son conscientes de todos los recursos comunicacionales de los que disponen (gestos, visión, juego, escritura, palabras, dibujos, afectos, síntomas corporales); por lo tanto, no los controlan ni los distorsionan.
“La distorsión y el control es de los adultos que pueden adaptar sus recursos narrativos según intereses o lo que perciban en un proceso interaccional y muchas veces perciben en sus interlocutores hostilidad y retroalimentan con mayor hostilidad”, explica Córdoba.
En las escuelas, padres, madres y docentes deben desarrollar habilidades comunicacionales. “No se trata de ‘decir’ sino ‘saber decir’; ‘comprender’ para que el otro ‘se sienta comprendido’”, remarca la psicóloga.
En estos escenarios, los adultos deben entender la situación, aumentar la empatía, pensar opciones de acción, escuchar todas las voces, actuar con criterio y saber que transformar las relaciones trasciende lo académico.
En este punto, Cecilia Quinteros, docente y activista del Movimiento Mujeres y Disidencias, opina que los protocolos de actuación frente a casos de acoso, por ejemplo, no deben ser burocráticos para evitar demoras a la hora de resguardar las infancias.
Jerarquías e igualdad
En los últimos años, la sanción de leyes de ampliación de derechos y de reconocimiento de diversidades, entre otras, abrió el camino hacia una transformación social que, para algunos, aún está en evolución y para otros, no ha comenzado. Para Julia Córdoba, los cambios ocurren cuando se modifican los patrones relacionales que delimitan los vínculos.
En ese punto, se cuelan en el debate las jerarquías tanto en la escuela como en las familias y en la vida ciudadana y la necesidad de mantener en determinados ámbitos relaciones asimétricas marcadas por la trayectoria de cada integrante y su rol. En ciertos casos, este es el germen de conflictos.
“No es mala la existencia de jerarquías. Por el contrario, le da funcionalidad al sistema y permite el desarrollo de los miembros”, apunta Córdoba, para quien superar desigualdades o proteger la diversidad no significan igualdad. “No somos todos iguales, nacemos con diversidad neuronal y condiciones diversas en entornos diversos y esto establece diferencias que se organizan en entramados de complejidad”, subraya. Y dice que la idea de que todas y todos somos iguales es una falacia que deriva en relaciones simétricas donde se percibe como igual a quien no lo es, se exige como igual a quien está “en proceso de desarrollo” o se trata como igual a quien tiene mayor trayectoria.
En este sistema de jerarquías, un término que no goza de completo consenso y que en determinados ámbitos o circunstancias suele tener connotaciones negativas, los docentes y directivos se encuentran en una posición diferente a la de sus alumnos, lo mismo que los padres frente a los hijos. No son superiores ni pueden ejercer poder o violencia; simplemente, su rol es diferente.
“Al no percibirse las jerarquías no se entienden las complementariedades y por ende se altera el orden de las relaciones entre adultos y niños, niñas y adolescentes”, enfatiza Córdoba.
Pensar, hacer, sentir
La violencia es una conducta aprendida y el buen trato, explican los especialistas, está vinculado con la apuesta amorosa que nace en el seno familiar y luego se va construyendo en otros espacios.
¿Está en crisis ese trato basado en la esencia humana? Una ronda de consultas con profesionales de la salud mental coincide en que los consultorios reciben cada vez más niñas y niños que no se sienten protegidos ni cuidados, que perciben incertidumbre, vulnerabilidad, que no se sienten queridos ni reconocidos por sus logros.
“No los miran por sus capacidades, las chicas y los chicos expresan no recibir afecto y ternura de parte de sus adultos en los entornos de la familia y la escuela”, resalta Córdoba.
En este punto, el sistema de redes dentro de las escuelas y la necesidad de vínculos cercanos entre padres, madres y docentes aparecen como piedras basales en el proceso de enseñanza. Allí anida la cultura del buen trato.
Julia Córdoba remarca la complejidad del entramado de componentes cognitivos, emocionales y pragmáticos en las escuelas y que las enseñanzas y los aprendizajes resultan de la interacción entre un pensar, un hacer y un sentir.
“La cultura del buen trato consiste en promover una serie de valores, actitudes y comportamientos, que rechazan la violencia y habilitan recursos para resolver los conflictos sin que los sujetos se sientan dañados”, remarca Córdoba, que insiste en que los adultos están obligados a ser promotores de comportamientos de contención emocional.
Esto supone ejercitar la capacidad de escucha, de cuidado, de conversación, de juego, de expresión de emociones, de respeto por las creencias, de confianza, de seguridad, de protección y de demostración de afecto.
De esa manera, cree la psicóloga, los chicos y jóvenes no se sentirían acosados, agredidos o maltratados y los contextos escolares serían siempre los lugares seguros que nunca deben dejar de ser.
Romper el silencio del acoso en escuelas
Por Benita Cuellar
Uno de los casos más resonados de acoso escolar en los últimos meses en la provincia de Córdoba ocurrió en el Ipem 387, Sotero Eugenio Bartolomé, de Agua de Oro, en las Sierras Chicas, donde un grupo de alumnas denunciaron acoso por parte de cinco adultos varones que trabajaban en la institución.
Uno de ellos es Fabián Alejandro Romero, hoy preso, acusado de femicidio por el asesinato de su pareja, Margarita Sánchez. Al momento del hecho no dictaba clases en el colegio porque había sido apartado del cargo tras las denuncias.
El caso activó un número considerable de acusaciones públicas por acoso y de violencia sufridas por estudiantes en los colegios de la región.
Alumnos y alumnas del Ipetym General Savio de El Pueblito, en Salsipuedes, denunciaron a dos adultos mayores. Además, en ese colegio dictaba clases Romero.
También estudiantes del colegio Mariano Moreno de Río Ceballos denunciaron acoso y violencia por parte de un profesor, y en el Instituto del Espíritu Santo estudiantes denunciaron a un docente por violencia verbal y psicológica.
En todos los casos, los profesores fueron apartados de sus cargos, pero en otros, intervino la Justicia. Es el caso del docente de Río Tercero que, en 2019, fue condenado a cinco años y tres meses de prisión por grooming (acoso sexual a través de un medio digital) reiterado. Y se convirtió en la primera condena de la provincia por este delito.
El año pasado, en General Cabrera, un profesor fue denunciado por estudiantes de presunto abuso y violencia de género. Se espera el juicio en los Tribunales de Río Cuarto. A su vez, en San Francisco un docente fue denunciado por acoso sexual por una alumna. La Justicia investiga el caso.
Batalla contra el miedo
“Dentro del colegio nos silenciaban. Teníamos situaciones de acoso que venían de 20 años atrás”, cuenta una de las alumnas víctimas de acoso del Ipem 387 de Agua de Oro.
Además relata haber sido testigo de situaciones violentas como “un toqueteo o trato que no correspondía; incomodar o meterse con el cuerpo del otro, o un comentario discriminatorio o acosador”.
La alumna denunció complicidad entre las autoridades y los acosadores. Asegura que sufrir acoso “es horrible”, y que el colegio debería ser un lugar seguro. “Un profesor tiene el deber de enseñarte y contenerte, de cuidarte y apoyarte. No hacerte sentir insegura o crearte un trauma”, recalca.
Otra exalumna que también sufrió acoso y llevó adelante las denuncias de sus compañeras y compañeros cuenta que su proceso fue duro. “Egresé. Y con mi ‘promo’ nos paramos un día y dijimos basta. Entonces, me tocó ser la encargada de denunciar y fue muy fuerte”, enfatiza.
“Las pibas no tienen que bancarse a estas personas”, agrega la jovencita, que piensa que está bueno saber que su movida inspira a otra gente afuera del colegio.
“Para quienes venimos de una casa en la que te enseñan que los adultos tienen que respetar tu cuerpo, ser acosadas desde el primer día y no poder hablarlo es feo. Sabés que tenés que denunciar, pero al mismo tiempo tenés miedo”, dice. Y agrega: “Me sentía culpable de seguir encubriendo algo de lo que no era culpable”.
Ambas subrayan que se deben priorizar espacios para hablar sobre educación sexual integral y escuchar. Aunque no siempre es fácil. La docente y activista Cecilia Quinteros relata, en este sentido, casos de “acoso” o señalamiento al hablar de educación sexual, un tema que las escuelas tienen la obligación legal de abordar.
