El juicio público que dio comienzo la semana pasada en los tribunales del departamento judicial de San Isidro, al norte del Gran Buenos Aires, determinará las responsabilidades penales del equipo médico que atendió a Diego Maradona hasta el día de su muerte, en aquel aciago miércoles 25 de noviembre de 2020.
Pero con sólo dos sesiones y una densa madeja de hechos por desenredar, el proceso acaso ya ha demostrado lo esencial: que Diego, uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol mundial, celebridad inmensa a escala planetaria y dueño de una fortuna todavía incalculable, murió abandonado, sucio y solo. Tirado en una cama y privado del más mínimo gesto de amor y piedad, como también de los cuidados más elementales que debe tener un ser humano por su mera condición de tal.
A Maradona le sobraba el dinero para que pudiera ser atendido por los mejores especialistas en los mejores lugares del mundo. Sin embargo, terminó su vida en manos de profesionales rebasados por su fama enorme y el oscuro contexto que lo rodeaba, y que sólo lo condujeron hasta la muerte.
El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicoanalista especialista en adicciones Carlos Díaz; el coordinador de atención domiciliaria de la prepaga de Diego, Mariano Perroni; la coordinadora general de esa prepaga, Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna, y los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Dahiana Madrid. Todos afrontan una acusación pesada: homicidio simple con dolo eventual.
Los jueces del Tribunal Oral Criminal Número 3, Verónica Di Tomasso, Maximiliano Savarino y Julieta Mackintach, podrían darles una pena de cumplimiento efectivo en prisión de ocho a 25 años. De acuerdo con la opinión de 17 de los 22 peritos de la Junta Médica Interdisciplinaria que evaluó el caso, hay responsabilidad penal probada del equipo médico en la muerte del exfutbolista.
Maradona murió por una falla cardíaca. Pero su cuadro general era gravísimo: acusaba cirrosis, enfermedad renal crónica, el corazón agrandado, deterioro neurológico crónico, adicción al alcohol (tomaba al menos seis latas de cerveza por día) y a los psicofármacos, probables enfermedades psiquiátricas y abstinencia. Para los fiscales, los imputados estaban al tanto de cada diagnóstico y “lo abandonaron a su muerte”.
Los grandes ausentes
Sin embargo, ninguno de ellos siquiera se hubiera podido acercar a Diego sin tener la aprobación de los abogados penalistas Víctor Stinfale y Matías Morla, así como del asistente Maximiliano Pomargo, los máximos responsables del estado que presentaba Maradona en sus últimos y dramáticos días.
Los tres lograron evadir las responsabilidades de la Justicia y participarán del juicio que se extenderá, en principio, hasta el comienzo de la feria judicial de invierno, el 17 de julio. Pero sólo lo harán como testigos, pese a que Stinfale (actual gerenciador de Deportivo Riestra) y Morla tuvieron el control total de los movimientos y los negocios de Diego en los últimos años de su existencia.
Ambos abogados (con Morla como cara visible) fueron quienes lo aislaron en el country Campos de Roca, de la localidad de Brandsen, cuando dirigía a Gimnasia y Esgrima la Plata y quienes autorizaron la operación que se le efectuó a fines de octubre de 2020 en la Clínica Olivos, de esa localidad bonaerense, donde se le removió un hematoma cerebral. También tuvieron la última palabra para autorizar la internación domiciliaria del astro en el barrio privado San Andrés de Benavídez (Tigre), el lugar donde finalmente falleció.
Sin contar que, a través de la empresa Sattvica SRL, Morla y su cuñado Pomargo todavía administran los derechos comerciales del nombre y la imagen de Maradona en todo el mundo. Una auténtica mina de oro que sigue generando dinero en la actualidad.
Por pedido expreso de Diego, sus cinco hermanas (Ana María, Elsa, Rita, María Rosa y Claudia) se reparten el 50% de las utilidades. El resto queda para Morla y Pomargo, a quienes en los papeles Diego cedió los derechos a título gratuito. El arreglo distanció definitivamente a Dalma y a Gianina de sus cinco tías. Las hijas mayores del ídolo consideran que, al momento de la cesión de esos derechos, su padre ya tenía su voluntad quebrada.
Todos contra los médicos
Debe quedar muy claro que en el juicio iniciado la semana pasada los jueces sólo evaluarán las responsabilidades del equipo médico en el proceso que condujo a la muerte de Diego y no estará en consideración el capítulo económico de su vida ni el reparto de sus bienes.
La parte querellante –compuesta por las tres hijas mayores de edad reconocidas por Maradona que viven en el país (Dalma, Gianina y Jana) y Verónica Ojeda, la madre de su hijo menor Diego Fernando– sigue la causa desde muy cerca, e incluso concurrirá a las audiencias públicas que se desarrollarán los martes y los jueves.
En cambio, no se han hecho presentes Claudia Villafañe –la primera esposa del astro, de quien se divorció en 2003 y es madre de Dalma y Gianina– ni Rocío Oliva –última pareja que se le conoció a Diego y con la que, como se sabe, no tuvo hijos–. Tampoco lo hizo, hasta ahora, el abogado Luis Enrique Rey, quien representa al primogénito Diego Junior, radicado en Italia.
Se estima que los testimonios de las tres hijas de Diego y de Verónica Ojeda podrían aportar datos desconocidos sobre cómo Stinfale, Morla y Pomargo aislaban a Diego de sus seres más queridos y cómo, a medida que pasaba el tiempo, ellas fueron perdiendo poder de decisión respecto del tratamiento médico. El mediático abogado Fernando Burlando representa a las dos hijas mayores, en tanto que Mario Baudry, actual pareja de Ojeda, lleva los intereses del pequeño Dieguito.
Fiel a su estilo espectacular, Burlando llevó a la audiencia del jueves pasado una maqueta a gran escala de la casa del barrio San Andrés, donde murió Maradona. En esa maqueta se apoyará para demostrar que el exfutbolista no sólo estuvo aislado de su familia, sino también librado al abandono en la misma vivienda donde se dispuso la internación domiciliaria.
Desfile de testigos
Los fiscales Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari adelantaron que en la reanudación del juicio, esta semana, declararán tres policías: el oficial Lucas Farías y los comisarios Lucas Borge y Javier Mendoza, quienes fueron los primeros que ingresaron a la casa del country aquel mediodía del 25 de noviembre de 2020 para constatar la muerte de Diego.
El Tribunal pidió además a las defensas que se aligerara la lista de testigos y se la circunscribiera sólo a aquellos que puedan aportar información sobre los hechos que se pretende investigar. El pedido de los jueces Di Tomasso, Savarino y Mackintach se originó en la información de que en la nómina presentada figuraban personajes de fuerte repercusión mediática.
Según los magistrados, el showman y empresario Marcelo Tinelli, los periodistas Luis Ventura y Marcela Tauro, y el inefable representante Guillermo Coppola están en condiciones de suministrar detalles jugosos sobre la vida privada y los negocios de Maradona, pero sin que ello permita esclarecer lo único que por ahora se pretende saber en este juicio: quiénes causaron, bajo qué circunstancias y por qué la muerte del mito mayor del fútbol argentino.
