La mujer del César no sólo debe ser honesta: además, debe parecerlo. Antigua y lapidaria, la frase aplica entre nosotros día a día, máxime cuando involucra a causas que, por su seriedad, no deberían ser manoseadas. Y aplica por estos días al caso notorio de Susana Trimarco, la creadora de una fundación contra la trata de personas que surgiera como consecuencia de su lucha para esclarecer el caso de desaparición de su hija, Marita Verón.
Reclamada su comparecencia ante la Justicia, su representante legal debió aclarar que habrá de presentarse, sin por ello explicar su notoria ausencia.
Lo que parece a simple vista un incidente menor en el laberíntico universo de los procederes judiciales obliga a mirar más allá, para comprender lo que está en juego: las necesarias justificaciones para los millones de pesos que desde la Nación y varias provincias –incluida Córdoba– entregaron para sustentar la mencionada lucha contra la trata. Y en la cuestión dineraria queda incluida, lamentablemente, la credibilidad de empresas que nadie debería manosear pero tienden a desvirtuarse cuando se dejan abrazar por la política de vuelo bajo, esa que cambia fotos oportunas por cheques.
En el país de los eufemismos –el nuestro–, se acuñó la expresión “cooptar” para significar a esa operación en la que desde la política se abraza y desnaturaliza una causa sensible, apelando para ello a la seducción de la cercanía con el poder tanto como a la convicción fácil de los fondos dispensados discrecionalmente. Con la secuela de corrupción que queda claramente ejemplificada por el caso Sueños Compartidos, con el que Madres de Plaza de Mayo enlodó una historia que merecía mejor final.
Y en escala grande o pequeña, los datos se repiten.
En el caso Trimarco, están pendientes de explicación los fondos entregados por la Nación tanto como los aportados por las provincias de Tucumán, La Rioja y Córdoba; el refugio para víctimas de la trata que debió construirse aquí y brilla por su ausencia; las demandas laborales; los números de atención de víctimas, aparentemente adulterados para “cumplir con la cuota”, y hasta las denuncias por lavado aportadas por la Fundación La Alameda. Demasiadas piezas que no encajan.
Debería recordarse el patético caso del otrora célebre “ingeniero” Juan Carlos Blumberg, devenido en representante de empresas proveedoras de equipamiento policial, para ejemplificar cuán fácilmente la transparencia deviene en opacidad, y sólo a los efectos de enfatizar que nadie por razón alguna debería permitirse llevar al mercado causas que no tienen precio.
Llegados a este punto, enfaticemos que de momento nadie puede poner en cuestión la inocencia de la señora Trimarco. Sin olvidar que, ademas de serlo, debe parecerlo.
