Los indicadores permiten vislumbrar que la caída de la economía tocó fondo en el primer cuatrimestre de este año. Una recuperación, aunque parcial y alentada sólo por ciertos sectores, es visible desde mayo último, cuando la actividad creció 2,6 por ciento.
Sin embargo, todavía persisten ciertas señales que desalientan una recuperación a mayor velocidad. Altas tasas de interés para el capital de trabajo, la caída en el consumo y un bajo nivel de actividad aún generan una situación angustiante para miles de emprendimientos.
El grado de estrés financiero y de la baja rentabilidad de las empresas surge, por caso, del número de convocatorias de acreedores y de quiebras ingresadas en los tribunales provinciales.
Según datos del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Poder Judicial de Córdoba, entre febrero y junio se presentaron 91 pedidos de concursos preventivos de acreedores, de los cuales 47 se hicieron en la jurisdicción de Capital. También ingresaron 110 pedidos de quiebra, de ellos 57 fueron quiebras pedidas, 23 propias y 30 indirectas.
El concurso de acreedores y la quiebra son dos institutos del Derecho Civil y Comercial para salvaguardar la actividad de una empresa, que requiere de más plazos y de facilidades para hacer frente a sus pasivos, en un caso, mientras que la quiebra propone la liquidación de los activos para atender las obligaciones con acreedores de distinta índole.
La intención de continuar con la explotación empresarial queda revelada en que los concursos representan un aumento de 94 por ciento en relación con el primer semestre de 2018, mientras que los pedidos de quiebra sólo crecieron 4,8 por ciento en igual período. Aun así, la situación se torna angustiante para los responsables de la unidad económica, para sus empleados, para proveedores y para los clientes.
Esta alteración en el curso de los negocios debe ser observada por las autoridades de distintos orden, las que deben contribuir con las mejores herramientas que cuenta el Estado para mantener la actividad de esas compañías.
La caída de la economía obliga a apelar a recetas heterodoxas para sostener la vida útil de las empresas, a la espera de una mayor estabilidad y expansión de la economía. La delicada situación social obliga a buscar soluciones que estén fuera de los manuales, como en su momento lo hicieron Estados Unidos y los países más desarrollados de Europa cuando se desató la última crisis global por las hipotecas subprime en 2007.
Los procesos deben ser supervisados para evitar fuga de capitales o quiebras fraudulentas, pero el interés por una paz social debe estar por encima de ambiciones mezquinas.
