Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia del país, el 25 de mayo de 2003, aterrizaron en la Casa Rosada muchos de sus más conspicuos seguidores desde los tiempos de la intendencia de Río Gallegos y, luego, en la gobernación de Santa Cruz.
La lista era extensa y la encabezaban personajes que traían como carta de presentación y antecedentes algunas tareas secundarias en puestos estatales que, por su remuneración, no aventuraban de ningún modo horizontes de fortunas.
Pero, a poco de andar la gestión presidencial de Kirchner, algunos de estos militantes incondicionales comenzaron a cobrar cierta notoriedad pública. No ya por su apego al trabajo, sino por su acelerado crecimiento patrimonial bajo el ala del Estado.
Uno de ellos fue Lázaro Báez, quien dejó su oficina en un banco de Santa Cruz para convertirse en pocos años en uno de los más poderosos empresarios en el siempre difuso rubro de la obra pública. De hecho, un crecimiento patrimonial que fue posible por la voluntad y los intereses del entonces presidente de direccionar los contratos en el marco de licitaciones de transparencia nula.
Báez siguió operando para la caja de la corona y amasó una fortuna inconmensurable. Sin embargo, la época de mayor opulencia se verifica durante los dos períodos como presidenta de Cristina Fernández, entre 2007 y 2015.
Pero de la obscenidad de la riqueza malhabida a la caída en desgracia suele haber un corto trecho. En efecto, la Justicia condenó el miércoles pasado al otrora floreciente empresario a 12 años de prisión.
Lo distintivo y resonante del caso radica en que Báez no fue sentenciado por las prerrogativas de las que era destinatario en materia de adjudicaciones de obras públicas, sino por lavado de dinero.
No se trata de montos efímeros: el tribunal oral que actuó en este juicio determinó por mayoría que Báez lavó divisas por unos 55 millones de dólares entre 2003 y 2015. Es decir, durante los 12 años de mandato presidencial del matrimonio Kirchner.
Además, y en acertada atención a viejas demandas respecto de despojar a los funcionarios y empresarios de los bienes saqueados al Estado en contexto de flagrante corrupción, el tribunal ordenó un decomiso multimillonario por casi 55 millones de dólares en concepto del producto del delito.
Esta pesquisa, ahora con condenas contra Báez, cuatro de sus hijos y una galería de operadores de dudosos antecedentes, es fruto de una investigación periodística sobre “la ruta del dinero K”, que comenzó en 2013.
Es decir, la Justicia, aun lenta, arribó a un veredicto, aunque con base en elementos de prueba que fueron suministrando los medios de comunicación, más que por mérito propio de los investigadores del caso.
La desarticulación de la trama corrupta no ha concluido. Habrá que examinar si los coletazos de este fallo y otras causas conexas no ponen en nuevos aprietos a la vicepresidenta Cristina Fernández.
