La Justicia federal de Córdoba imputó a ocho exfuncionarios de la gestión de Ramón Mestre vinculados a Crese, empresa de recolección de la basura, y a otras cinco personas acusadas de haberse beneficiado por contratos con esa sociedad del Estado municipal.
Para el fiscal Enrique Senestrari, habrían cometido cinco delitos: lavado de activos, evasión agravada, asociación ilícita fiscal, defraudación por administración fraudulenta y tentativa de aprovechamiento ilegítimo de beneficios fiscales.
Los acusados se desempeñaron tanto en la presidencia de la empresa como en las direcciones técnica y administrativa. Además, habrían participado de las maniobras ilícitas un síndico y el director obrero.
Hace años que el tratamiento de la basura en la capital cordobesa es un problema central, por el mal funcionamiento del sistema. Pero de un tiempo a esta parte, por el accionar judicial, ha pasado a ser considerado como un hipotético foco de corrupción.
Podría decirse que la investigación judicial atraviesa sus primeras instancias. Pero ya estamos frente a la tercera causa que avanza sobre bases sólidas. En otras palabras, el núcleo de esa hipótesis parece corroborarse.
En una causa, ya están detenidos los sindicalistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, dirigentes del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), que fue intervenido por el Ministerio de Trabajo de la Nación. En otra, están imputados 16 directivos de la empresa Cotreco, que de manera virtual estaba dirigida por el Surrbac.
Como es lógico, la investigación judicial no puede descartar todavía que todas las causas abiertas sean piezas de un mismo rompecabezas que, además, incluya responsabilidades políticas de la anterior gestión municipal. De momento, no hay pruebas en ese sentido. Pero el fiscal ha requerido indagar fiscalmente a varios funcionarios del Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop), creado por el exintendente Mestre.
La exconcejala Laura Sesma, autora de varias denuncias judiciales sobre el tema, señaló en numerosas oportunidades que “tanto Crese como Esop fueron concebidos como escudos de impunidad para los funcionarios, para intentar salvarse judicialmente de las tropelías que cometían”.
Sería grave llegar a la conclusión de que las distintas reformulaciones del sistema de recolección y tratamiento de la basura no estuvieron pensadas para que el mecanismo funcionara de manera satisfactoria, sino para cubrir las actividades corruptas que se desarrollaban bajo su cobertura.
En consecuencia, es necesario que la Justicia redoble sus esfuerzos para producir resultados en el menor tiempo posible. Por su parte, la actual gestión municipal, de oficio, debiera iniciar varias investigaciones administrativas internas para contar con un objetivo cuadro de situación. Ninguna corrupción es buena. Pero cualquier impunidad es peor.
