Entre las herramientas constitucionales que se ponen en funciones para garantizar la organización y la realización de un acto electoral, ya sea de orden nacional, provincial o municipal, el padrón de electores ocupa un lugar decisivo.
Cuando se descubre que ese registro de los ciudadanos habilitados para sufragar presenta fallas en su confección definitiva, es probable que se levanten gestos de sospecha, más allá de que la errata haya sido involuntaria.
No es un dato menor que los fraudes urdidos a lo largo de la historia electoral en la Argentina haya acuñado una frase de colección: “Votaron hasta los muertos”.
Trapisondas que se verificaban sobre todo en pueblos chicos, a salvo del control de las autoridades, y que en no pocos casos llegaron a modificar el veredicto de las urnas.
No hay rincón del país que no atesore crónicas de empadronados muertos. Y, de hecho, Córdoba no es la excepción.
A través de una serie de informes, la semana pasada dimos cuenta de que en el padrón “depurado” que se utilizará para las elecciones del 12 de mayo en la provincia figuran votantes ya fallecidos.
Los casos de los exgobernadores de Córdoba Eduardo César Angeloz y José Manuel de la Sota provocaron el asombro mayor, dada su trascendencia pública. Pero los errores son gruesos y, según la propia Justicia electoral provincial, son miles los fallecidos que siguen en el listado.
Otro factor para tener en cuenta es que las desinteligencias y la desidia burocrática suelen salir caras: la autoridad de los comicios en la provincia le pagó algo más de tres millones de pesos al Juzgado Federal con competencia electoral del distrito Córdoba para que le cediera la base de datos con la información de los 2.903.596 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho cívico en las urnas del 12 de mayo.
Si nos ajustamos al “convenio de colaboración” firmado para aquel fin entre la Justicia provincial y el fuero federal, habrá que concluir en que colaboración hubo poca, a la luz de los equívocos aludidos.
Con todo, detenerse en los dineros públicos que se involucraron por algo que no se hizo bien sería minimizar los alcances institucionales de los desaciertos de marras, que, en todo caso, serán pasibles de una investigación.
El padrón es la constancia culminante de las personas a las que las leyes les reconocen el derecho republicano a elegir a sus representantes. Pero las cronologías comiciales abundan en denuncias de triunfos fraudulentos como para no tomar los recaudos pertinentes y despejar todo tipo de dudas.
