Cuando en marzo pasado se confirmó el primer caso de Covid-19 en Argentina, las autoridades sanitarias ya alertaban sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a la previsible expansión del virus.
Las advertencias se fueron transformando en hechos concretos una vez que la pandemia comenzó a sumar contagios y fallecimientos en gran parte del territorio nacional.
Sin embargo, es factible que aquellas alertas tempranas omitieran observar que muchas personas mayores de 70 años viven en residencias geriátricas.
Peor aún, en establecimientos de gestión pública o privada que en muchos casos no cuentan con las medidas indispensables exigidas para operar.
Los estragos que empezó a causar el coronavirus y las consecuencias detectadas en la población de adultos mayores dejan abierta la duda acerca de si realmente se diseñaron protocolos de seguridad para las residencias geriátricas.
Córdoba tuvo un hecho de enorme relevancia el 9 de abril. Ese día, la población del corredor de las Sierras Chicas quedó en grado de conmoción por lo sucedido en un geriátrico de la localidad de Saldán.
Un médico que atendía en esa residencia privada habría contraído el virus y su proximidad con los internados desató una ola de contagios. El saldo provisorio: cuatro muertos y 65 contagiados, entre internos y empleados administrativos de la casa.
Como era de esperar, pero con los hechos consumados, la Provincia resolvió el traslado de los pacientes y la clausura del establecimiento.
¿Cuántos geriátricos en la provincia estarán operando bajo riesgos epidemiológicos similares y aún no fueron protocolizados o inspeccionados, atento a la gravedad de la expansión del coronavirus y a la vulnerabilidad de los pacientes mayores?
Lo sucedido en estos días en la ciudad de Buenos Aires es otra muestra fehaciente de la falta de previsión al respecto. Dos geriátricos reportaron contagios masivos del Covid-19, con otro saldo abrumador: dos muertos y decenas de infectados.
La constatación de que, en paralelo a los traslados de pacientes y a las clausuras, se abrieron sendas causas penales agita la sospecha sobre el precario funcionamiento (y, lo que es más grave, sin respetar las normas vigentes) de esos centros.
Más allá del impacto público y sanitario de estos casos puntuales, lo cierto es que se ha vuelto a instalar la polémica por la articulación y las medidas de seguridad que presentan estos hogares.
Sin agravio pero con realismo, se los llegó a llamar “depósito de ancianos”. Más allá de la pandemia que nos estremece, el Estado debe poner en caja a los malos empresarios de estos internados y abrir una agenda de controles rigurosos y constantes.
