Cada vez que hay un cambio de gobierno –en el orden nacional, provincial o municipal–, es común que se reproduzca hasta el hartazgo la frase “la herencia recibida”. Un eslogan bien estudiado de quienes asumen el poder, para enrostrarles falencias de distinto orden a quienes lo dejan.
Algo de esto sucede en la Municipalidad de la ciudad de Córdoba. El nuevo intendente, Martín Llaryora, le factura a su predecesor, Ramón Mestre, una profusa lista de problemas irresueltos.
Entre otros, el deplorable estado que presentan calles y avenidas ganadas por la profundidad de los baches.
Un deterioro vial que, además de poner a prueba la suficiencia al volante de los conductores (sin soslayar el riesgo de un accidente por intentar esquivar un pozo), produce costosas averías en los vehículos, sobre todo en neumáticos y en el tren delantero.
Sin dudas las copiosas lluvias que en los últimas días inundaron sectores de la Capital provincial y vastas zonas del Gran Córdoba agravan un problema que no se resolverá con simples parches de duración efímera.
La tarea no parece sencilla y pueden presentarse nuevas trabas, a la luz de la evaluación que hacen desde la nueva gestión municipal.
El secretario de Desarrollo Urbano, Daniel Rey, lo admitió sin vueltas: “Encontramos mucho deterioro en áreas operativas; en particular, en obras viales. Un bache no se tapa con un camión: es necesario un equipo de varias máquinas, y el estado de la flota es muy malo. Tenemos que tomar una máquina de aquí, otra de allá, porque de otra forma las cuadrillas no tienen cómo operar”, alertó.
A ese diagnóstico pesimista se le agrega un punto clave y al parecer complicado de dirimir: las deudas con las empresas contratistas para la reparación y el mantenimiento de las calles.
Estas han paralizado obras por acreencias que, en algunos ítems, datan de varios meses.
No se trata sólo de poner manos a la obra en las calles sembradas de pozos, sino también de ejecutar tareas para erradicar los yuyales que proliferan tanto en terrenos baldíos privados como en espacios públicos.
A la emergencia que el Concejo Deliberante le aprobó a Llaryora, le estaría faltando un capítulo específico sobre las obras postergadas. Más aún tras iniciarse el receso de enero que, se infiere, reduce la disponibilidad de personal.
Más que consumir el tiempo en zamarrear a quienes gestionaron antes, urge atacar los viejos problemas que afectan a los vecinos, ya avisados de que el nuevo año les trae un generoso aumento de las tasas municipales y de los impuestos provinciales y nacionales.
