Los casinos que administra la Lotería de Córdoba en la provincia pierden plata desde hace varios años, según muestran los arqueos de caja que ejecuta el organismo.
Con ello, en la maraña de ingresos y egresos se afecta uno de los pilares de su misión: derivar buena parte de la recaudación a la asistencia social.
Es decir, el fin solidario ha quedado relegado en el reparto de las nueve salas, en función del déficit constante que exhiben como resultado de una administración que no logra equilibrar las cuentas.
Las planillas de cálculo son profusas y engorrosas, pero el dato que asoma a la superficie es claro: en 2019 los casinos tuvieron erogaciones salariales y operativas por 820 millones de pesos, pero los ingresos netos fueron de 410 millones de pesos.
Eso significa que se perdieron 410 millones de pesos, lo cual revela que en este negocio algo anda mal y que ha llegado la hora de tomar cartas en el asunto.
Más aún si se tiene en cuenta que, tal como señala el informe que publicamos el domingo pasado, el saldo negativo de las cuentas en los casinos cordobeses se viene repitiendo desde hace unos seis años.
Una suerte de tabla de salvación para esta debacle la aporta la Concesionaria de Entretenimiento y Turismo (CET), que transfiere varios millones de pesos a la Lotería en concepto de canon por operar las máquinas tragamonedas, instaladas en zonas estratégicas.
Las slots, que recaudan más que los casinos, han sido siempre motivo de controversias por el daño psicológico y económico que generan en muchas personas, en la mayoría de los casos mayores de edad de limitados recursos dinerarios que pasan horas frente a esa máquinas que, se sabe, están programadas para no perder. En estos casos, el mayor riesgo es caer en la ludopatía, la adicción al juego que arruina a personas y a familias completas.
Nada justifica cerrar el debate en torno de las slots, pero en un contexto de asfixia de caja de la Lotería de Córdoba, prevalece que los desembolsos de CET son contantes y sonantes. A diferencia de los casinos, cuyos magros beneficios deben pasar por el filtro de la masa salarial de sus empleados y del pago del alquiler de las salas, entre otros gastos operativos acordes con su inmensa estructura.
Si un porcentaje determinado de la recaudación de los juegos de azar en la provincia debe destinarse a la asistencia social, ese compromiso (contemplado en la reglamentación de la ley respectiva) dista de ser el esperado.
En un contexto de crisis económica y de incertidumbre, ha llegado el momento de reconfigurar el sistema a fin de que el Estado no siga perdiendo plata.
