El Estado argentino se involucró de modo activo en la problemática de la violencia de género casi en simultáneo con el surgimiento del movimiento Ni Una Menos. Un colectivo feminista que emergió en junio de 2015 con movilizaciones multitudinarias en repudio a las ominosas conductas machistas que detonaban en casos de femicidios en todo el país.
Más allá de los juicios que se tramitaron en la Justicia, aquel compromiso de los gobernantes se tradujo en aportes económicos para el sostenimiento de las organizaciones que se fueron sumando con el mismo grito de justicia por el maltrato a la mujer.
A tenor de la lucha contra la violencia de género, lo cual produjo un cambio fundamental en la conciencia ciudadana y de los poderes públicos, los gobiernos nacional y de las provincias destinaron fondos para atender a muchas entidades que defienden los derechos de las mujeres y de las familias.
Sin embargo, los reiterados sacudones financieros que han golpeado en los últimos años a las administraciones conspiran contra la continuidad y actualización de los presupuestos.
La provincia de Córdoba no quedó exenta de esos avatares. Como coletazo de la crisis, las instituciones estatales y no gubernamentales que trabajan en materia de género y familia vieron afectados los aportes, ya sea por los efectos de la inflación o por la subejecución del presupuesto estipulado para aquellos fines.
Al respecto, la legisladora provincial Elisa Caffaratti (Juntos por el Cambio) ponderó que se hubieran volcado las remesas necesarias durante los primeros años del fenómeno Ni Una Menos. Sin embargo, como corolario de un trabajo de investigación, sostuvo que nunca se actualizó en términos inflacionarios el presupuesto y que, además, muchas partidas no fueron ejecutadas en su totalidad.
En un contexto menos desfavorable, vale reconocer que entre 2015 y 2017 el presupuesto de la Provincia refrendado para las entidades y los programas exclusivos de género aumentó de manera sostenida.
Pero esa dinámica perdió impulso en 2018 y en 2019. Como señala la legisladora, si bien hubo un aumento nominal de los montos asignados a las organizaciones, estos quedaron varios puntos por debajo de la inflación.
Como damos cuenta en el informe publicado días atrás, desde el Ministerio de la Mujer de la Provincia señalan que lo que no se ejecutó en la se trasladó al Presupuesto 2020. Y alegan que la referida subejecución obedece a algunas obras en el interior provincial que no se materializaron.
Lo cierto es que miles de mujeres ganaron las calles en reclamo de sus derechos. Pero las desigualdades persisten y el Estado no debe permanecer ausente.
