En un gesto que podría interpretarse como un intento por revertir la mala imagen que tiene el Poder Judicial ante la sociedad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó, por fin, que sus miembros difundan sus declaraciones juradas patrimoniales.
Sin embargo, desde lo estrictamente institucional, lo que acaban de disponer los cinco miembros de la Corte se ajusta a lo que establece la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (número 26.857), sancionada en mayo de 2013.
La normativa determinó el libre acceso y la consulta de la ciudadanía a las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los numerarios de los tres poderes del Estado. Es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Pero debieron pasar seis años de procesos administrativos engorrosos, no exentos de polémicas y de lecturas jurídicas interesadas, para que los jueces del máximo tribunal se pusieran a tono con una obligación ligada con la transparencia que debe primar en el ámbito de la administración estatal en todos sus niveles.
Aunque tardío, es un avance que debe ser imitado por los magistrados nacionales y provinciales de distinto grado, muchas veces remisos a dar a conocer su estado patrimonial, que, según la referida normativa, debe ser presentado tanto al asumir como en el cese del cargo.
Es oportuno enumerar que los jueces y demás miembros del Poder Judicial recibieron reproches de parte de la sociedad por algunas prerrogativas que no alcanzan al conjunto de los trabajadores estatales y privados. Por caso, la eximición del pago del Impuesto a las Ganancias.
No estamos ante un compromiso acotado. En lo establecido por la ley quedan comprendidos, también, el presidente de la Nación, los senadores y los diputados nacionales, y los ministros del poder central, por mencionar los principales cargos.
Se trata de un deber cívico que a muchos funcionarios desagrada, quienes por eso suelen retacear datos específicos y de interés colectivo sobre sus estados patrimoniales.
En la provincia de Córdoba rige el Código de Ética de la Función Pública que, en su parte medular, es similar al que prevalece en la órbita nacional, atento a la obligatoriedad para funcionarios y legisladores de difundir la declaración jurada de bienes.
Siempre habrá incumplidores y se agitarán motivos de controversia. Pero lo resuelto por los ministros de la Corte es un progreso en bien de honrar la declamada transparencia.
No hay secretos ni excusas para las deserciones: toda persona que ocupe un cargo público debe presentar su declaración jurada patrimonial en tiempo y en forma.
