Frente al proyecto de ley presentado en Diputados que evidencia la intención del Gobierno nacional de desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios y eliminar exigencias en la práctica, es necesario advertir que eso, lejos de promover una mayor libertad o igualdad de oportunidades, implica una amenaza concreta a la calidad, la seguridad y la ética en el ejercicio de profesiones clave para la vida cotidiana de los ciudadanos.
Contar con un marco que determine la legalidad de las tareas profesionales es central para garantizar el acceso a los servicios: el vecino requiere que se certifique que quienes ejercen una profesión cuentan con la formación adecuada, mantienen estándares éticos y técnicos actualizados, y respondan ante posibles fallas, errores o perjuicios a terceros.
Ya sea un médico que realiza una cirugía, un ingeniero que firma un plano estructural, un psicólogo que acompaña un tratamiento o un contador que audita una empresa, todo ejercicio profesional requiere un marco regulatorio que asegure competencia, responsabilidad y resguardo público.
Eliminar las contribuciones obligatorias que regulan las actividades profesionales no suprime un gasto, pero sí debilita el sistema de control y desprotege a la sociedad. Sin regulación, no hay garantía de idoneidad ni capacidad de sanción ante malas prácticas. Además, las consecuencias de una desregulación total podrían ser irreversibles: más litigiosidad, crecimiento de prácticas fraudulentas, deterioro de estándares de calidad y pérdida de confianza pública.
Es crucial comprender que la regulación profesional no es un privilegio, sino una política pública orientada al bien común. Avanzar en ese sentido en nombre de una supuesta eficiencia económica es, en realidad, desatender el derecho de todos los ciudadanos a recibir servicios seguros, calificados y éticamente responsables.
En definitiva, el control de las profesiones no restringe libertades: las ordena, las legitima y protege a quienes las ejercen y a quienes las reciben. Desregular no es igualar oportunidades, es desproteger a la sociedad.
Postura del CICC respecto al proyecto de ley “eliminación de tasas regulatorias, matriculación, cuotas colegiales y/o contribución obligatoria para profesionales”
El CICC se manifiesta en contra del proyecto de ley que tiene como objetivo “desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios, eliminando la obligación del pago de tasas regulatorias, cuotas colegiales o cualquier otro tipo de contribución obligatoria que restrinja o condicione el ejercicio profesional, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los profesionales, promoviendo el ejercicio libre de la profesión en diferentes jurisdicciones”.
El Colegio anticipa el planteo de inconstitucionalidad, atentatorio contra los derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional, así como contra la distribución de poderes y facultades no delegadas por las provincias a la Nación. El proyecto en cuestión echa por tierra la totalidad del sistema normativo en torno al desarrollo, funcionamiento, ejercicio y organización de las actividades profesionales, así como la distribución de poderes, facultades y los fallos, jurisprudencia y doctrina en la materia.
El texto del proyecto pone en jaque lo establecido en el Artículo 121 de la Constitución Nacional que establece las competencias reservadas por las provincias. El ejercicio de las actividades profesionales está dentro de los denominados poderes no delegados a la Nación, por lo que jamás podría vulnerarse ese ámbito de actuación garantizado constitucionalmente.
En cuanto a lo establecido en ese proyecto respecto al funcionamiento del hipotético e ilegítimo Registro Nacional a crearse, este no podría en manera alguna reemplazar o garantizar los fines y funciones que cumplen los Colegios Profesionales, que son, entre otros:
• la ordenación del ejercicio de la profesión
• armonizar los intereses de los colegiados
• defensa y representación de las profesiones
• intervenir como peritos en los asuntos judiciales
• informar en los procedimientos judiciales o administrativos
• colaborar con la administración mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con los fines de los colegios que puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa
• representación, defensa, asistencia y gestión en beneficio de los colegiados; organizar actividades y servicios comunes, de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión, y otros, proveyendo al sostenimiento económico mediante los medios necesarios.
• organizar cursos para la formación profesional de los posgraduados y todas aquellas funciones que redunden en beneficio de los intereses profesionales de los colegiados y de la comunidad.
