El agrimensor cumple un rol fundamental en la sociedad: de él dependen, entre otras cuestiones, la realización de las mensuras, subdivisiones y loteos. Es decir, las tareas por las cuales se crean las parcelas que luego trabajarán y habitarán las personas.
Desde que los hombres comenzaron a vivir en sociedad, el rol del agrimensor se convirtió en esencial. Gracias a él se conocen límites de lotes, campos, calles, plazas y cualquier otro espacio del campo o la ciudad. Además, mediante su labor, se puede asegurar la inversión antes de comprar o vender una casa o un terreno, ya que garantiza que las medidas del inmueble y su ubicación sean las correctas.
Es muy importante, antes de contratar un profesional, asegurarse de que esté capacitado y habilitado para resolver las necesidades. Títulos profesionales como el de ingeniero, agrimensor, médico, psicólogo –y otros más– son considerados de interés público por el Estado, ya que su actividad profesional trata sobre cuestiones sensibles y delicadas. Por ende, estas profesiones sólo pueden ser ejercidas por personas que tengan un título habilitante.
Un poco de historia
Corría el año 1980 cuando el Ministerio de Educación de la Nación, que es la autoridad que fija los alcances de los títulos profesionales en el país, resolvió que los únicos profesionales que podían realizar mensuras eran los agrimensores.
Pocos años después, la cartera educativa agregó que aquellos ingenieros civiles (egresados de la Universidad Nacional de Córdoba) que hubiesen ingresado a la facultad hasta el año 1984, también podían hacer mensura. Con el tiempo, a ese pequeño grupo de civiles habilitados excepcionalmente se sumaron otros. Pero en general, desde esa fecha hasta hoy, el Ministerio de Educación ha emitido gran número de resoluciones que ratifican que la mensura es una actividad reservada al título profesional de Ingeniero Agrimensor.
“El Colegio de Agrimensores, con humildad, y siempre actuando conforme a la ley, ha demostrado ser el colegio profesional que mayores avances tecnológicos y soluciones ha incorporado y propuesto en el proceso de trabajo profesional”, destacan desde esa institución.
“Fuimos pioneros de la tramitación digital en Córdoba, ejemplo copiado por otras provincias, y fuimos mentores del convenio que actualmente permite tener los planos aprobados por la Dirección de Catastro en un mes. Por qué será, entonces, que las ideas más eficientes y originales para mejorar la agrimensura surgen de los agrimensores”, se preguntan desde el colegio.
Nuevas soluciones a viejos problemas
La seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario está dada por el conjunto de requisitos que garantizan cumplimiento estricto de las condiciones de legalidad del acto jurídico por el cual se constituye, transmite, modifica o extingue un derecho real sobre una parcela.
A fin de garantizar la existencia real de la cosa a la cual se refiere el acto jurídico (o sea, el inmueble de que se trate, sea lote, departamento, granja o campo) se realiza lo que la ley define como “la constitución del estado parcelario”, a través de un plano de mensura visado y registrado en Catastro. El estado parcelario es, o debiera ser, la imagen de la realidad del inmueble.
A lo largo de la historia, el estado parcelario ha sido –en ciertos casos– constituido sin referencia a un plano, lo que ha dado lugar a que no refleje debidamente la realidad, constatándose diferencias en la ubicación, en las dimensiones, en el estado de ocupación por parte de terceros. Incluso, puede haberse modificado el estado de propietario, por una posesión existente.
Por eso es importante actuar tal como lo estipula la ley de Catastro. Una vez constituido el estado parcelario, la propia ley establece su plazo de vigencia. Con el paso del tiempo pueden haber sucedido hechos que hayan alterado dicho estado parcelario y sea necesario verificar la subsistencia del mismo.
En ambos casos se deberá recurrir al agrimensor, único profesional específicamente formado y capacitado para eso.
El tiempo en el negocio inmobiliario
Ya se mencionaron los componentes del negocio inmobiliario, documentales y materiales, pero hay otro que juega un rol muy importante como consecuencia de la situación económica actual: el tiempo.
Ante la situación existente, el Colegio de Agrimensores renovó una propuesta hecha al Gobierno provincial que obtuvo como respuesta positiva la firma de un convenio con el Ministerio de Finanzas. Así se instrumentó el Sistema de Control Previo de Trabajos, cuyas pautas y parámetros técnicos, acordados con la Dirección General de Catastro, tienen como resultado una sensible disminución en los tiempos de gestión, ya que se prevé cinco días para su paso por el colegio, con un adecuado y riguroso contralor por profesionales agrimensores, lo que hace que la documentación exigible por Catastro, debidamente controlada, insuma un tiempo mínimo de revisión administrativa, cuyo plazo máximo se extiende a veinte días en total.
La estadística de control mide un alto grado de eficiencia del Sistema de Control Previo, tanto a nivel colegio como en Catastro. Al mínimo tiempo de la entidad se suma un tiempo administrativo de tres a cinco días, salvo excepciones puntuales por la complejidad de la tarea.
De la manera descripta, el Colegio de Agrimensores ha puesto en funciones un servicio a la sociedad, con mínimo impacto económico y alto grado de eficacia, para facilitar el negocio inmobiliario, viabilizando los objetivos de calidad, control y uso eficiente del tiempo.
