La salud es un área sensible de cualquier gestión pública, de gobiernos municipales, provinciales o nacionales. La salud de la población es clave, y debe ser abordada siempre con cuidado extremo, porque las decisiones tomadas impactan siempre sobre la sociedad. Medicamentos, beneficios, hospitales, financiamiento, sueldos médicos suelen ser temas de conversación permanente.
Germán Daniele, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, destaca elementos negativos y positivos de la actual gestión nacional. “Veo de manera positiva la creación de la Agencia de Evaluación de Medicamentos e Intervenciones Médicas (Anefits), que crea un organismo que funcionará en el Ministerio de Salud y se va a encargar de definir lo que en nuestro país termina definiendo la Justicia. Va a absorber a la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica creada en 2018 por Carla Vizzotti y el Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud”, aseguró.
Para Daniele, “el problema que vivimos en Argentina es que el sistema de salud perdió el rectorado de Programa Médico Obligatorio (PMO), que engloba aquello que las obras sociales están obligadas mínimamente a reconocerle a sus afiliados. La discusión sobre las coberturas que se le autorizan a un paciente debe estar en una persona con conocimiento científico y no en el Congreso o a través de los amparos”.
El manejo actual consiste en que las personas, cuando la obra social no les reconoce un medicamento o una práctica médica, acuden a la justicia y es el juez el que termina decidiendo las cuestiones de salud y los gastos de las obras sociales, agrega. “Esto provoca que el PMO se modifique y genere una falla central en el sistema de salud que hoy está altamente judicializado. Esta situación debemos revisar”.
Un sistema inclusivo
“En lo conceptual –continúa Daniele– tenemos un sistema de salud muy inclusivo, para todos, con hospitales y medicamentos gratuitos, pero al que terminan accediendo aquellos que tienen un buen abogado para pelear por su caso. No hay un acceso igualitario a la información. Cuando los pacientes tienen un inconveniente con respecto a la salud, no saben dónde acudir. Esto genera que el acceso sea para unos pocos. El sistema no alcanza para todo lo que queremos dar gratuitamente. La creación de la agencia que nombré antes permite que nos podamos regir por el fundamento científico para recomendar si un tratamiento es efectivo para el costo que tiene. Lo positivo es que permite obtener, luego de un análisis realizado por científicos de cada caso, una respuesta sobre si se justifica ese gasto de salud de acuerdo a la efectividad del tratamiento. Si esto realmente logra funcionar, se convierte en una garantía para el paciente y para las obras sociales, poniendo claridad en nuestro sistema de salud”, describe.
Lo público y lo privado
“La salud es una sola. Por eso, desde el Colegio siempre hemos hecho todo lo posible para que la farmacia sea una extensión de la salud pública”, suma el presidente del Colegio de Farmacéuticos. “Mi farmacia la abrí a los 23 años en barrio 1° de Mayo, generando el primer y único centro de salud que había en aquella época en la zona, y siempre intenté que el Estado visualice la importancia de ese espacio y me deje cumplir un rol más allá de lo privado, con un rol de ‘agente sanitario’, cumpliendo con la tarea de prevención y educación. Únicamente es darle las herramientas para que haga esa tarea. En esos casos sería muy inteligente la combinación entre lo público y lo privado”.
“Desde el Colegio –detalla– firmamos con la Municipalidad de Córdoba el Programa Mejorar, que para nosotros es la mejor convivencia entre la salud pública y la privada. Es el plan Remediar creado por el entonces ministro de Salud Ginés González García, pero mejorado. El de Nación consistía en enviar a todas partes del país un botiquín con medicamentos sin importar las condiciones socio-económicas, provocando que en algunos lugares falte y en otros sobre, derrochando los productos. En Mejorar, la Municipalidad no tiene la necesidad de comprar a granel y por licitación”.
“El médico de la parte pública hace una receta electrónica y el paciente se dirige a la farmacia y retira los medicamentos sin cargo. La farmacia hace el cierre al Colegio de Farmaceúticos y la Municipalidad les abona. De esta forma, gana el paciente porque consigue la medicación sin problemas, gana el municipio porque tiene un control sobre el gasto y el consumo de la población,y gana la farmacia ya que le incorporamos un presupuesto con el que antes no contaba”.
“El Estado se vuelve más eficiente. Se forma un círculo virtuoso entre la salud pública y la privada con los vecinos en el centro. Este programa tiene por objetivo la defensa de las farmacias de barrio por la importancia para cada zona y por la situación que viven de permanente lucha con las grandes cadenas, que tienen ciertos privilegios que ellos no. Esas farmacias están atendidas por personas capacitadas y cumplen un rol central”.
Desregulación
Así como resaltó lo positivo, Daniele destaca que “desregular absolutamente todo es un error. Los pacientes no deben estar ajustados a las normas de mercado, donde sobrevive el que más recursos tiene. Por eso, algunas decisiones gubernamentales como el fomento a que se vendan medicamentos en kioscos para las zonas en las que no hay farmacias cercanas, son erradas. Debemos respetar a los profesionales y su conocimiento, particularmente en la salud de la gente. Si queremos fortalecer el sistema, debemos invertir y garantizar que la población que no tiene todos los recursos, pueda acceder. Con botiquines, telemedicina o cualquier método que mejore la situación, respetando los profesionales y, en definitiva, a la población”, cierra.
