El cambio climático llegó para quedarse.
Esta sentencia, por repetida que sea, no deja de ser cierta. Y en un mundo donde los fenómenos se vuelven extremos, quien mejor planifique será el que menos sufra las consecuencias. Con ese pensamiento, desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba se viene impulsando la creación y puesta en funcionamiento de los Consorcios de Gestión Integrada de las Cuencas Hídricas.
Se trata de entes que tienen como objetivo principal promover el manejo coordinado y racional de los recursos naturales de las regiones mediante planes, programas, proyectos y obras, orientados a la resolución integrada de la problemática hídrica, agropecuaria y de infraestructura.
De nada sirve construir un camino o mejorarlo, proponer un puente o emprender una inversión privada agrícola o ganadera si una sola lluvia de 300 milímetros puede barrer en pocas horas con lo tangible y con los sueños de la gente. Los escurrimientos hídricos ante precipitaciones cada vez más extremas (y como contrapartida largos períodos de sequía) afectan las obras de infraestructura, los cultivos y ponen en vilo a las poblaciones.
Se necesita, por lo tanto, una mirada integral.
La cuenca, una sola problemática Córdoba tiene una larga historia en la creación de consorcios conformados por los propios productores agropecuarios, con la ayuda y apoyo técnico del Estado provincial. En todo el territorio trabaja una gran cantidad de consorcios camineros (mantienen la red secundaria y terciaria), canaleros (tienen en condiciones los canales y planifican la salida hídrica) y de conservación de suelos (realizan obras como microembalses y terrazas en los campos para ordenar y frenar el escurrimiento de las aguas). Pero trabajaban como compartimentos estancos.
Los consorcios de gestión integrada reúnen y coordinan los esfuerzos de estas tres partes para llevar adelante una planificación integral de las obras y soluciones.
Bajo este modelo de trabajo, si se proyecta un camino, se tendrán en cuenta los factores de salida de agua y los trabajos de conservación de suelo en los campos. Los perjuicios se minimizan y se produce más y mejor.
A la fecha, ya funcionan dos consorcios de gestión integrada de cuencas hídricas: Jesús María-Río Pinto, en el norte cordobés, y Río Segundo, en la zona central. Sin embargo, están en proceso de creación cuatro consorcios más este año.
4,5 millones
Son las hectáreas en toda la provincia de Córdoba que se trabajarán a fines de 2021 con este modelo, único en la Argentina.
“La infraestructura vial es sumamente importante para el desarrollo de cualquier región. Realmente esta zona era intransitable. El productor no podía salir del campo, no podíamos llegar con los alimentos. No podíamos sacar la producción. El cambio ha sido rotundo. Nos ha beneficiado mucho a los productores, a la gente que trabaja en los campos, a los docentes, a la gente que transita. Nos permite también prever y poder crecer en producción y en inversiones a largo plazo”, contó Francisco Demarchi, beneficiario de Camino Cuatro Vientos, Río Cuarto.
“Este camino resultaba imprescindible. De no contar con él, los proyectos que emprendimos no se podían llevar a cabo. Para llevar el alimento de los animales, para el tránsito de los camiones con la producción y para el traslado de la gente que trabaja se necesitaba un camino con estas características. Nos gustan los desafíos y seguir haciendo por Serrano.
Básicamente sería concretar en la práctica un modelo de economía circular, y para eso el enripiado del camino era fundamental”, expresó Juan Longo, beneficiario de Camino T271-03, Serrano.
Consorcio Caminero Único de Córdoba: más de $ 4.700 millones para mejorar trazas rurales
Con el objetivo de mejorar la transitabilidad de la red secundaria y terciaria de caminos rurales de la provincia de Córdoba, se creó el Programa de Mejoramiento de Caminos Rurales. Se trata también de un modelo único en el país en el que juega un fuerte papel la articulación entre el Estado y el sector productivo.
Esto es así porque el programa es ejecutado por el denominado Consorcio Caminero Único (CCU), conformado por la Mesa de Enlace Agropecuaria y por representantes de los ministerios de Agricultura y Ganadería, de Obras Públicas y de Servicios Públicos.
Las obras de mejoramiento de trazas rurales se concretan en base al sistema de contribución por mejoras: esto implica que los productores de la zona beneficiada por la obra aportan el 50% del costo total, a través de cuotas a pagar durante los tres o cinco años posteriores de finalizada la misma, y el resto lo aporta el Estado. En un principio, la Provincia se hace cargo de la totalidad del financiamiento y luego recupera la mitad en función de las cuotas que abonan los productores. De esta forma, el sistema se retroalimenta.
Esos montos provienen del Fondo para el Desarrollo Agropecuario (FDA), creado para que el aporte del ruralismo vuelva en obras al propio sector. Este fondo se nutre del 65% de lo que el sector contribuye en el Impuesto Inmobiliario Rural. Actualmente hay 30 obras, varias finalizadas, otras en ejecución y muchas a punto de comenzar, que totalizan 430 kilómetros, alcanzando una inversión total de 4.760 millones de pesos.
Sinergia estatal y privada
Productores comprometidos se juntan, conforman los consorcios, se organizan y realizan trabajos prediales e intraprediales en trazas secundarias y en canales. El Ministerio de Agricultura y Ganadería realiza aportes económicos y maquinaria a los consorcios de conservación de suelos para sus trabajos:
38 consorcios recibieron 800 millones en maquinaria, vehículos y gastos de funcionamiento.
Recursos Hídricos brinda apoyo económico e invierte en obras de infraestructura, como microembalses de retardo.
La Dirección Provincial de Vialidad sostiene una red de 289 consorcios camineros que mantienen las trazas en condiciones.
La Provincia impulsa la integración de las tres partes en una organización integrada y superadora.
Cómo funciona
• Los productores juntan firmas (se necesita la mitad más uno de los beneficiarios) y presentan el proyecto.
• El CCU recepta la solicitud.
• La Unidad Ejecutora delimita la zona de influencia y define beneficiarios.
• Vialidad aprueba el proyecto y confecciona el pliego.
• Llamado a licitación.
• Adjudicación de la obra.
• Ejecución de la mejora.
• La Dirección General de Rentas inicia el proceso de pago de los beneficiarios.
