Después de cinco años de un trabajo sostenido en el desarrollo de políticas públicas de salud mental y de adicciones en la ciudad de Córdoba, se llevó a cabo la firma de un convenio de cooperación académica y científica entre el municipio capitalino y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Ambas instituciones financiarán de manera conjunta una convocatoria a proyectos de investigación orientados al desarrollo científico local, con especial énfasis en problemáticas de salud mental y de consumos problemáticos en la capital cordobesa.
Una política pública con jerarquía
En ese marco, el intendente Daniel Passerini resaltó: “Somos la única ciudad en la Argentina que ha tomado como política pública la salud mental y el consumo problemático con jerarquía desde lo presupuestario y desde las decisiones que hemos tomado”.
“La UNC nos garantizará estar a la vanguardia en materia de investigación, con estudios científicos de aplicación práctica casi simultánea; de este modo, tendremos un objeto de estudio que nos permitirá tomar mejores decisiones a la vez que podremos clasificar y abordar mayor cantidad de casos”, agregó el funcionario.
La firma del acuerdo se lleva adelante en un momento en que la sociedad enfrenta transformaciones profundas en los patrones de malestar psicosocial, en los modos de consumo y en las dinámicas comunitarias que atraviesan la vida cotidiana.
Estudio y prácticas de abordaje integral
La iniciativa se articulará a partir del trabajo conjunto entre el Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la UNC y el Observatorio Municipal de Salud Mental y Adicciones, dependiente de la Secretaría de Salud de la ciudad, que impulsa dos líneas iniciales de trabajo que responden a necesidades urgentes de la ciudad.
Por un lado, se propone un estudio representativo a hogares sobre la “Prevalencia e incidencia del consumo de sustancias psicoactivas y los usos problemáticos de pantallas en la ciudad de Córdoba”. Esta investigación, inédita en el país por su escala y enfoque metodológico, dotará al municipio de información clave para diseñar estrategias preventivas, campañas públicas y políticas de cuidado más ajustadas a las realidades urbanas.
La segunda línea de trabajo se orienta a la “Sistematización de prácticas de abordaje integral comunitario en salud mental y consumos problemáticos”. Este proceso permitirá construir registros comunes, indicadores de impacto y herramientas técnicas que fortalezcan el trabajo territorial que se desarrollan en Centros de Salud Comunitarios.
A partir de este estudio, se podrá identificar qué estrategias resultan más efectivas, cómo se organizan los cuidados en territorio y de qué manera ese conocimiento puede mejorar los dispositivos municipales y orientar nuevas intervenciones.
Ambas instituciones definieron destinar un monto total de $30 millones para financiar las investigaciones, que tienen como objetivo generar conocimiento para el abordaje integral de estas problemáticas en la ciudad.
