La presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE), Teresita Bersano, subraya que la institución viene trabajando para evitar estas acciones y que en los últimos años se presentaron 52 denuncias penales.
“El ejercicio ilegal de la profesión de contador pone en juego el patrimonio de una persona y la integridad patrimonial de la sociedad en su conjunto y del mismo fisco en materia de recaudación”, advierte Bersano.
La institución lleva varios años trabajando para combatir las irregularidades en el ejercicio profesional y para informar a la comunidad sobre las condiciones que deben cumplir los contadores.
Desde 2018 hasta ahora, el CPCE realizó 52 denuncias penales en el ámbito provincial. El resultado fueron 41 imputaciones por ejercicio ilegal, tres condenas a prisión de ejecución condicional y 15 suspensiones de juicios a pruebas con trabajos comunitarios a cargo de los imputados. Otras 21 causas están todavía en investigación y siete ya fueron elevadas a juicio.
El caso más reciente
La última condena fue dictada hace unas semanas por la Secretaría Penal de la Cámara Criminal, Correccional, Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo de Laboulaye.
El Consejo había denunciado a C.M.L, a quien la Justicia consideró autor material y penalmente responsable del delito de ejercicio ilegal de la profesión, por lo que le impuso una pena de dos meses de prisión de ejecución condicional, además del cumplimiento de reglas de conducta, con la expresa prohibición de ejercer actividades reservadas a las ciencias económicas.
El denunciado prestaba servicios de asesoramiento impositivo, contable, laboral y previsional, a la vez que realizaba liquidaciones de impuestos. Incluso se encontró una placa en la cual promocionaba su actividad, a sabiendas de que no contaba con el correspondiente título habilitante.
Ejercicio de interés público
Bersano explica que, en todos los casos, el equipo del Departamento Legal del CPCE aporta información y pruebas para colaborar con las investigaciones judiciales.
También subraya que el ordenamiento jurídico argentino, tanto en el plano educativo como en el profesional, reconoce expresamente que el ejercicio de las ciencias económicas reviste carácter de “interés público”.
Añade que esa calificación implica que las actividades propias de los contadores públicos, en especial aquellas referidas al asesoramiento contable, impositivo, financiero y laboral, deben ser desarrolladas exclusivamente por quienes tengan título habilitante y matrícula vigente, “en resguardo del orden público económico y la seguridad jurídica”.
“Es claro que la prestación deficiente de estos servicios por prácticos o por personas no formadas en la universidad y sin la capacitación que ofrecen los consejos profesionales compromete el interés público, poniendo en riesgo de modo directo los derechos patrimoniales de los contribuyentes y de la sociedad en general, además de la recaudación fiscal, en todos los ámbitos estatales”, describe Bersano.
Es tarea de todos
En esa línea, la presidenta del CPCE ratifica que la institución continuará trabajando por el cumplimiento de las normativas que regulan el ejercicio de la profesión y recuerda a la comunidad la importancia de verificar la matrícula profesional antes de contratar servicios contables, impositivos o financieros.
También apunta la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa que pudiera implicar el ejercicio ilegal de la profesión.
