Continúan los problemas entre Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González. El juez decidió cerrar el pleito corporativo entre ambas partes, pero el cantante estuvo en desacuerdo ya que, según él, la mujer y su hermana no entregaron todos los accesos comerciales requeridos tras su separación.
Daddy Yankee no está conforme con las decisiones que tomó el juez Anthony Cuevas con respecto al caso judicial que abrió contra Mireddys González y su hermana Ayeicha.
Cabe recordar que el caso legal surgió a finales de diciembre raíz de un conflicto en torno a las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc.
Las mujeres habrían realizado transferencias por 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a sus cuentas personales sin el consentimiento ni la autorización del artista.
Dicho evento ocurrió después de que Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, anunciara su separación y divorcio de Mireddys González tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común.
No da tregua
En enero de este año, el magistrado retiró la orden de arresto contra la exesposa del artista luego de que entregara todos los accesos correspondientes y la liberó de presentarse ante los abogados de su expareja porque consideraba que la carta gerencial que presentó contenía la información solicitada.
Sin embargo, según informó recientemente la agencia de noticias EFE, los abogados del cantante presentaron una moción informativa en la que indican que dicha carta es “genérica, sin ningún grado de especificidad, en donde se afirman hechos incorrectos o confusos”.
“Las codemandadas bajo juramento afirmaron haber provisto cierta información, cuando en realidad no lo hicieron; y afirmaron no tener información, que sí poseen”, se lee en el documento presentado por los letrados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg.
El comité legal de Daddy Yankee dijo que habrá “repercusiones jurídicas de faltar a la verdad bajo juramento” y que las codemandadas “responderán por los daños que se le ocasione a las entidades ante sus incumplimientos e inacciones como funcionarias corporativas”.
