La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó el procesamiento de Nicolás Payarola y confirmó el de Armando Jorge Catroppa, ambos acusados por el delito de defraudación por administración infiel en perjuicio del futbolista Gonzalo Montiel y su familia.
Según la resolución judicial, con fecha del 6 de octubre de 2025, los imputados habrían administrado de forma irregular una cifra que supera los 700 mil dólares (US$ 700.000). Este dinero le fue confiado por el jugador, campeón del mundo en Qatar 2022, para un supuesto emprendimiento inmobiliario.
La maniobra: confianza y sociedad
Payarola, conocido en el ambiente por haber representado legalmente a Wanda Nara y también a L-Gante, aprovechó el vínculo de confianza que había establecido con el padre del futbolista, Juan Marcelo Montiel, quien le había otorgado autorización para gestionar parte de sus fondos.
Utilizando esta relación, el abogado convenció a la familia de Montiel de conformar una sociedad que fue denominada M&A Desarrollos Inmobiliarios. A partir de allí, se realizaron sucesivas entregas de dinero que incluyeron tanto efectivo como transferencias bancarias.
El expediente judicial detalla que el plan de fraude se materializó mediante una serie de operaciones fraudulentas. Entre ellas, se registraron extracciones de dólares provenientes de las cuentas del defensor de River, certificaciones falsas y movimientos bancarios que carecían de respaldo. En todos estos casos, el dinero habría sido desviado a fines completamente ajenos al proyecto inmobiliario anunciado.
El rol del exsocio y los embargos millonarios
En la maniobra también fue involucrado Armando Catroppa, exsocio y asesor externo de Payarola. El tribunal consideró a Catroppa partícipe necesario de la defraudación. Su participación como supuesto intermediario del vendedor de un campo “otorgó verosimilitud” a la operación, lo cual fue clave para reforzar la confianza de las víctimas.
Como resultado de la confirmación del procesamiento, la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó un embargo sobre los bienes de los imputados. A Payarola se le impuso una medida de 810 millones de pesos, mientras que a Catroppa se le dictó un embargo de 600 millones de pesos. Estos montos buscan cubrir una eventual reparación civil y los honorarios de los letrados intervinientes.
El fallo también instruye al juzgado de origen a evaluar otras medidas complementarias vinculadas a una investigación paralela que se desarrolla en la provincia de Buenos Aires.
Por el momento, ninguna de las partes involucradas realizó declaraciones públicas. Payarola deberá afrontar el proceso penal por las maniobras que le fueron atribuidas en el expediente.
