La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores advirtió en su segundo informe anual que quienes denuncian abusos sexuales por parte del clero aún enfrentan “represalias perturbadoras” y una “resistencia cultural” que frena la prevención en muchas diócesis, según informó Clarín.
El documento también subraya grandes disparidades regionales en el abordaje del problema.
Qué dice el informe
Por primera vez, 40 víctimas participaron en la elaboración del reporte, con relatos de presiones por parte de responsables eclesiales, más de dos décadas después de las primeras revelaciones masivas en EE.UU.
Entre los testimonios, uno señala: “Mi hermano era seminarista. El obispo le dijo a mi familia que mi denuncia podría comprometer su ordenación.” Otro denunció que su familia fue excomulgada públicamente tras presentar la acusación.
El texto de 103 páginas, presentado al Papa, insiste en reparaciones integrales: apoyo psicológico, disculpas públicas e indemnizaciones económicas.
El informe remarca que la Iglesia tiene una obligación moral de contribuir a la sanación de las víctimas y reclama sanciones tangibles y proporcionales para abusadores y encubridores (incluida la reducción al estado laical cuando corresponda).
Avances y deudas pendientes en el Vaticano
La comisión, creada en 2014 por el papa Francisco, reconoce que durante años luchó por hacerse lugar en un Vaticano reticente y poco orientado a políticas centradas en las víctimas.
En el último tiempo ganó espacio institucional y en julio se nombró un nuevo presidente para reemplazar al cardenal Seán O’Malley.
El informe critica el secreto del proceso canónico, que deja a las víctimas sin acceso a información más allá del fallo, tras años de espera, y sin recursos reales salvo hacer pública su historia.
También recuerda que el secreto de confesión sigue siendo absoluto y que el clero no está obligado a denunciar ante la justicia civil salvo donde la ley estatal lo exija.
Una auditoría a conferencias episcopales y oficinas del Vaticano elogió a los países con cooperación activa y marcó a los que no cumplen.
En regiones bajo la órbita misionera (África, Asia y áreas subdesarrolladas) se registró un flujo muy bajo de casos hacia Roma, señal de subregistro y demoras respecto de Occidente.
La oficina misionera reportó solo dos expedientes por mala gestión de obispos, una cifra llamativamente baja para la magnitud del territorio.
“Es un grito de las víctimas: no se sienten escuchadas ni acompañadas; falta empatía y respeto”, resumió Luis Manuel Alí Herrera, secretario de la comisión.
El documento concluye que, pese a medidas adoptadas en la última década, queda un largo camino en zonas donde el abuso sigue siendo tabú y la Iglesia enfrenta guerras, conflictos y pobreza, factores que agravan la subdenuncia y la respuesta institucional.
