Una investigación federal reveló que el supuesto secuestro de Yuriana Julia Peláez Calderón, una migrante mexicana de 41 años, fue una simulación cuidadosamente orquestada con el objetivo de generar simpatía pública y recaudar fondos en línea. Peláez fue acusada de conspiración y de suministrar declaraciones falsas a funcionarios federales, cargos que, de ser hallada culpable, podrían acarrearle una sentencia de hasta diez años de prisión.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) confirmó el arresto y la acusación formal de Peláez, quien actualmente se encuentra bajo custodia migratoria y deberá presentarse ante el Tribunal Federal de Distrito de EEUU en el centro de Los Ángeles.
Un relato fabricado y una campaña de GoFundMe
La narrativa del supuesto secuestro cobró notoriedad a finales de junio, cuando un abogado de la familia Peláez Calderón convocó a la prensa el día 30. Según la versión difundida, Yuriana había sido presuntamente secuestrada el 25 de junio en el estacionamiento de un restaurante Jack in the Box en el centro de Los Ángeles por “hombres enmascarados en un vehículo sin marcas”. Se afirmó que fue trasladada a San Ysidro, presentada ante un empleado de ICE y se le ofreció documentación para la autodeportación voluntaria. El abogado sostuvo que, al negarse a firmar y exigir hablar con un juez y un abogado, fue supuestamente trasladada a un lugar desconocido, un almacén no identificado, donde habría sido maltratada.
Esta historia provocó una gran inquietud en la comunidad y atrajo amplia cobertura mediática. Simultáneamente, la hija de Peláez lanzó una campaña en GoFundMe con la meta de recaudar 4.500 dólares. Sin embargo, la acusación federal sostiene que la totalidad de esta historia fue fabricada por la propia Peláez Calderón y sus allegados.
La verdad sale a la luz
La cronología reconstruida por las autoridades indica que, mientras la mujer supuestamente permanecía desaparecida, los agentes federales se inquietaron al constatar que no se encontraba bajo custodia migratoria, como se afirmaba en la prensa. Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) inició una búsqueda, la cual condujo a los agentes el 5 de julio a una plaza comercial en Bakersfield. Allí encontraron a Peláez, quien, al ser confrontada, persistió en su relato de haber sido secuestrada.
No obstante, el DOJ señaló que el análisis de cámaras de vigilancia, incluido un video que muestra a Peláez saliendo del estacionamiento de Jack in the Box e ingresando de manera voluntaria a un sedán cercano, junto con los registros telefónicos, desacreditaron completamente su versión.
La investigación también apunta a que Peláez y su familia estaban al tanto de que las fuerzas de seguridad la buscaban, pero no se presentaron ante las autoridades para esclarecer la situación. Peor aún, la acusación indica que Peláez produjo lo que la policía consideró fotografías falsas que supuestamente documentaban su “rescate”, simulando haber sido maltratada durante su supuesto confinamiento por ICE. Los fiscales afirman que el plan era celebrar una nueva conferencia de prensa el 6 de julio para incrementar las donaciones en la cuenta de GoFundMe y acceder a otros posibles beneficios derivados del caso fabricado.
Consecuencias y advertencias del fiscal federal
El fiscal federal, Bill Essayli, advirtió sobre la seriedad de este tipo de delitos y su impacto en la percepción pública de las fuerzas de seguridad. “La retórica peligrosa según la cual los agentes de ICE están ‘secuestrando’ a migrantes indocumentados es irresponsablemente promovida por políticos y replicada en los medios para inflamar a la opinión pública y desacreditar a nuestros valientes agentes federales”, afirmó Essayli. Añadió que “el comportamiento descrito en la acusación demuestra que este secuestro falso fue una conspiración bien orquestada” y que “la acusada y todos los involucrados enfrentarán las consecuencias plenas de sus actos conforme a la ley federal”.
En caso de ser hallada culpable de todos los cargos, Peláez Calderón enfrentaría una sentencia máxima legal de cinco años de prisión federal por conspiración y otros cinco años por declaraciones falsas, sumando un total posible de hasta diez años de reclusión.
