La Corte Penal Internacional emitió este martes órdenes de arresto contra el líder supremo de los talibanes y el jefe de la Corte Suprema de Afganistán por cargos de persecución a mujeres y niñas desde que el grupo tomó el poder hace casi cuatro años.
En las órdenes también se acusa a los líderes de perseguir a “otras personas que no se ajustan a la política de los talibanes sobre género, identidad de género o expresión, y por motivos políticos contra personas percibidas como ‘aliadas de niñas y mujeres’”.
Las órdenes fueron emitidas contra el líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhunzada, y el jefe de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani.
Reivindicación
La oficina de la fiscalía de la corte calificó la decisión como “una importante reivindicación y reconocimiento de los derechos de las mujeres y niñas afganas”.
Añadió que el fallo de los jueces “también reconoce los derechos y las experiencias vividas por personas a las que los talibanes perciben como no conformes con sus expectativas ideológicas de identidad o expresión de género, como los miembros de la comunidad LGBTQI+, y aquellas a las que los talibanes perciben como aliadas de niñas y mujeres”.
Las órdenes se emitieron el lunes, pocas horas después de que las Naciones Unidas adoptaran una resolución, a pesar de las objeciones de Estados Unidos, en la que instan a los talibanes a revertir su creciente opresión a las mujeres y niñas y a eliminar todas las organizaciones terroristas.
Ambos funcionarios son los más recientes sospechosos de alto perfil nombrados en órdenes de arresto emitidas por la corte, con sede en La Haya, que también ha buscado el arresto de otros líderes, como el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Severas medidas contra niños y mujeres
Desde su regreso al poder en Afganistán en 2021, los talibanes han impuesto severas medidas que prohíben que las mujeres estén en lugares públicos y que las niñas asistan a la escuela más allá del sexto grado.
La semana pasada, Rusia se convirtió en el primer país en reconocer formalmente al gobierno talibán.
La Corte dijo en un comunicado que los talibanes han “privado severamente, a través de decretos y edictos, a las niñas y mujeres de los derechos a la educación, la privacidad y la vida familiar y de las libertades de movimiento, expresión, pensamiento, conciencia y religión”.
Karim Khan, fiscal jefe de la Corte, solicitó las órdenes en enero, diciendo que reconocían que “las mujeres y niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, enfrentan una persecución sin precedentes, inconcebible y continua por parte de los talibanes”.
El grupo de defensa global Human Rights Watch acogió con satisfacción la decisión e instó a la comunidad internacional a ayudar a hacer cumplir las órdenes de la corte.
“Los líderes talibanes de alto rango ahora son hombres buscados por su presunta persecución de mujeres, niñas y personas no conformes con el género”, señaló en un comunicado Liz Evenson, directora de justicia internacional del grupo.
El curso de la investigación
Los jueces de la CPI aprobaron una solicitud presentada por la fiscalía en 2022 para reabrir una investigación sobre Afganistán. Dicha indagación fue archivada después de que Kabul dijera que podía manejarla.
Khan dijo que quería reabrir la investigación porque, en el régimen talibán, ya no había “perspectiva de investigaciones nacionales genuinas y efectivas” en Afganistán.
La predecesora de Khan, Fatou Bensouda, obtuvo la aprobación en 2020 para comenzar a investigar delitos presuntamente cometidos por las fuerzas del gobierno afgano, los talibanes, las tropas estadounidenses y los operativos de inteligencia extranjera de Estados Unidos desde 2002.
Cuando Khan reabrió la investigación, dijo que se centraría en los crímenes cometidos por los talibanes y la filial afgana del grupo Estado Islámico.
Dijo que “restaría prioridad” a otros aspectos de la investigación, como los crímenes cometidos por estadounidenses.
Las órdenes de aprehensión de los líderes talibanes se emitieron durante la renuncia temporal de Khan a la espera del resultado de una investigación sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada.
El funcionario negó categóricamente las acusaciones de que intentó durante más de un año coaccionar a una asistente femenina para tener una relación sexual y la manoseó en contra de su voluntad.
