El allanamiento llevado a cabo por el FBI a la finca Mar-a-Lago de Donald Trump para determinar si el exmandatario se llevó documentos secretos de la Casa Blanca a su residencia en Florida, sigue dando tela para cortar a partidarios y opositores del magnate. Sí hay coincidencia entre unos y otros en que la medida representa una escalada drástica y sin precedentes de investigación policial del antecesor de Joe Biden en la máxima jefatura política del país.
En un extenso comunicado sobre el allanamiento, Trump dijo que los agentes abrieron una caja fuerte en su residencia y describió el hecho como una “incursión no anunciada” que calificó de “abuso de la fiscalía’”.
Desde hace meses se investiga cómo los documentos secretos fueron a parar a Mar-a-Lago en cajas de archivo de la Casa Blanca a principios de este año.
Mientras tanto, en un caso por separado, un jurado de instrucción investiga los intentos de anular los resultados de la elección presidencial de 2020, acrecentando los peligros legales en potencia para Trump en momentos en que está sentando las bases para un intento de reelección.
¿Abuso político?
El lunes por la noche volvieron a aparecer las líneas de batalla conocidas luego de cuatro años de una presidencia ensombrecida por investigaciones del FBI y el Congreso. Trump y sus aliados trataron de presentar el allanamiento como un abuso político del sistema de justicia penal y un intento demócrata de impedirle ganar un nuevo período en 2024. Sin embargo, el gobierno del presidente Joe Biden dijo que no había tenido conocimiento previo del hecho y el actual director del FBI, Christopher Wray, fue designado por Trump hace cinco años y fue un alto funcionario del Departamento de Justicia dirigido por los republicanos.
“Son tiempos sombríos para nuestra Nación, cuando mi hermoso hogar, Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está bajo asedio, allanado y ocupado por un grupo grande de agentes del FBI’', escribió Trump. “Nada como esto le ha sucedido jamás a un presidente de Estados Unidos’', avisó.
“Después de trabajar y colaborar con las agencias pertinentes del Gobierno, este allanamiento no anunciado de mi hogar no fue necesario ni apropiado’', dijo Trump en su comunicado.
Silencio de radio
La vocera del Departamento de Justicia, Dena Iverson, se negó a hacer declaraciones sobre el hecho o si el secretario de Justicia, Merrick Garland, había autorizado la operación de manera personal.
Trump no entró en detalles sobre los fundamentos de la búsqueda. El Departamento de Justicia investiga el posible mal manejo de información secreta después que la agencia Archivos Nacionales y Administración de Documentos dijo que había recibido de Mar-a-Lago 15 cajas de archivos de la Casa Blanca, e incluso documentos que contenían información secreta, a principios de año.
Archivos Nacionales dijo que Trump debería haber entregado esos archivos en el momento de dejar el cargo y pidió al Departamento de Justicia que investigara.
El manejo de archivos secretos y documentos del gobierno está sujeto a varias leyes, algunas de las cuales penalizan el llevar ese material a un lugar no autorizado. Aunque una orden de allanamiento no indica la inminencia o siquiera la posibilidad de cargos penales, los funcionarios federales que la solicitan deben demostrarle a un juez que existe la probabilidad de que se haya cometido un delito.
El registro del FBI a la mansión que Donald Trump tiene en Florida, sin precedentes en el caso de un expresidente de Estados Unidos, motiva conjeturas y especulaciones en torno a los potenciales efectos que tendrá en las cada vez más evidentes aspiraciones del exmandatario republicano de volver a la primera línea política con una candidatura a las elecciones de 2024.
El propio Trump, que en sus últimas apariciones públicas dio a entender que es cuestión de tiempo que dé el paso definitivo, volvió a denunciar en el comunicado en el que confirmó el registro de su vivienda de Mar-a-Lago la supuesta persecución política que existe contra él por parte de una “izquierda radical” que no quiere, “desesperadamente”, que se presente a las elecciones.
Punto de coincidencia
El consenso general es que Trump tratará de utilizar esta operación policial a su favor, independientemente de su trasfondo y de sus resultados. El FBI guarda silencio y la actual Administración de Biden optó por desentenderse alegando que la Presidencia no había sido notificada, según fuentes citadas por CNN.
Como presidente, Trump estaría blindado de nuevo para investigaciones judiciales y tendría de nuevo bajo su mando a instituciones clave como el Departamento de Justicia, aunque existe un debate legal en torno a lo que podría ocurrir antes de ese potencial blindaje, es decir, si las pesquisas contra Trump avanzan cuando el magnate aún es un ciudadano común.
La legislación norteamericana establece como un delito la ocultación, falsificación o destrucción de documentos oficiales e incluye entre sus potenciales condenas no sólo una pena de cárcel -de hasta tres años-, sino la expulsión del cargo en el caso de los funcionarios federales y la inhabilitación para futuros cargos públicos.
Sin embargo, según The New York Times, cabe también otra lectura que precisamente se esgrimió en 2015 y 2016 cuando se puso en duda el uso que hizo la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton de su correo electrónico personal.
