La Comisión de Investigación del Senado de Brasil aprobó este martes por siete votos contra cuatro el informe que acusa de nueve delitos, entre ellos crímenes contra la humanidad, al presidente Jair Bolsonaro por sus acciones y omisiones durante la pandemia, y también a sus tres hijos parlamentarios y otras 76 personas, entre ministros, exfuncionarios y empresarios.
Los cargos contra Bolsonaro serán elevados este miércoles a la fiscalía general -presentados ante el fiscal general de la República, Augusto Aras-, al STF y a la Cámara de Diputados. La sesión deberá extenderse luego de la lectura del informe de la comisión y de otro paralelo que prepararon los senadores oficialistas que defienden al Gobierno.
Así, Bolsonaro se convirtió en el primer presidente de la historia de Brasil acusado de crímenes contra la humanidad, algo por lo cual será presentada una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya.
El relator del informe, senador Renán Calheiros, calificó en su discurso final de homicida a Bolsonaro, a quien tildó de un “misionero enloquecido para matar a su propio pueblo”.
“El caos del gobierno de Bolsonaro entrará en la historia como el más bajo escalón de la indigencia humana y civilizatoria” y lo igualó a “carniceros” como Adolf Hitler, Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner y el torturador brasileño Carlos Brilhante Ustra.
“Bolsonaro está al lado de estos facinerosos”, subrayó Calheiros en la última sesión.
Sobre el informe
El informe desgrana en 1.287 páginas el resultado de la investigación realizada por una comisión de once senadores sobre la actuación del Gobierno frente a una pandemia que ya mató en el país a más de 606.000 personas.
La comisión aseguró que constató gravísimas irregularidades, que la llevaron a formular nueve cargos contra Bolsonaro, y diversas imputaciones contra 79 acusados más. Entre ellos están cuatro ministros, tres de los hijos del mandatario, asesores del Gobierno y parlamentarios, y dos empresas del área médica.
En referencia al mandatario, se le acusa de crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.
Dentro de los cargos, el “charlatanismo”, previsto en el Código Penal, fue por haber lanzado una suerte de campaña para tomar remedios sin eficacia para un inexistente tratamiento preventivo, con el objetivo de evitar que la población haga cuarentena.
Pedidos sobre las redes de Bolsonaro
En los documentos que serán enviados a tribunales también se incluyeron pedidos específicos en referencia al presidente.
En principio, la comisión pidió al fiscal general y al Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) prohibir el acceso de Bolsonaro a las redes sociales y quebrar el secreto de las cuentas del mandatario desde abril de 2020 para determinar su responsabilidad en la diseminación de noticias falsas sobre el Covid-19.
Este pedido fue realizado en la última sesión de la comisión, luego de que las plataformas Facebook, Instagram y YouTube eliminaron la divulgación de un video de Bolsonaro del jueves pasado en el cual vincula la vacunación contra la Covid-19 con la posibilidad de contagiarse HIV, una mentira que fue dicha durante una transmisión en vivo.
La novedad fue haber incluido un intento para que las redes sociales le cierren el camino a Bolsonaro, algo parecido con lo que ocurrió en Estados Unidos con el expresidente Donald Trump, otro negacionista de la pandemia.
El pedido será enviado al fiscal general, Aras, y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien investiga a Bolsonaro en una megacausa sobre fake news.
Otro de los pedidos, aprobados por mayoría en la comisión, prevé quebrar el secreto telemático de Bolsonaro en las redes de las empresas estadounidenses Twitter, Google y Facebook para que provean los datos de administración y accesos de las cuentas para publicar noticias falsas sobre la pandemia. Este pedido incluye una solicitud al juez Moraes para que el presidente se retracte de sus mentiras, con una multa de 50.000 reales (unos 9.600 dólares) por día de incumplimiento.
“El presidente es un serial killer (asesino serial) porque las noticias falsas diseminadas en las redes por el presidente matan”, dijo Calheiros,del ala opositora del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB).
Entre los imputados quedó el poderoso ex jefe de gabinete y actual ministro de Defensa, general retirado Walter Braga Netto.
Qué dijeron Bolsonaro y el oficialismo
Bolsonaro, por su parte, viajó al amazónico Roraima para visitar a refugiados venezolanos que viven en Brasil y alertó sobre “el peligro del comunismo”, en una clave electoral para las elecciones de 2022. Lo transmitió en vivo por Facebook a la misma hora de la sesión de la comisión, tras lo cual festejó el cumpleaños 106 de la Asamblea de Deus, pionera entre los evangélicos.
“Este proceso del Senado es una gran fake news”, dijo el senador Marcos Rogerio, del bloque oficialista de la comisión.
El presidente de la comisión parlamentaria de investigación (CPI), Omar Aziz,y el vice, Randolfe Rodrigues, destacaron el hecho histórico de este informe.
Dicho informe, según dijo este martes Bolsonaro, “tuvo un fuerte impacto negativo” de su imagen a nivel internacional.
Los acusados
Estos son los doce principales acusados y los cargos formulados en el informe parlamentario:
- Presidente Jair Bolsonaro: Crímenes contra la humanidad; Infracción de medidas sanitarias; Charlatanería médica; Incitación al delito; Falsificación de documentos; Uso irregular de dinero público; Prevaricación; Epidemia con resultado de muerte; Atentados contra la dignidad del cargo.
- Marcelo Queiroga, Ministro de Salud -en el cargo desde marzo pasado-: Epidemia con resultado de muerte; Prevaricación.
- General Walter Braga Netto, Ministro de Defensa y exministro de la Presidencia: Epidemia con resultado de muerte.
- Onyx Lorenzoni, Ministro de Trabajo y exministro de la Secretaría General: Crímenes contra la humanidad; Incitación al delito.
- Wagner Rosario, Ministro de la Contraloría General: Prevaricación.
- General Eduardo Pazuello, exministro de Salud (de mayo de 2020 a marzo de 2021): Crímenes contra la Humanidad; Epidemia con resultado de muerte; Uso irregular de dinero público; Difusión de información falsa.
- Ernesto Araújo, Exministro de Relaciones Exteriores (de enero de 2019 a marzo de 2021): Epidemia con resultado de muerte; Incitación al crimen.
- Diputado Ricardo Barros, jefe del oficialismo en el Congreso: Incitación al crimen; Tráfico de influencias; Asociación ilícita; Falta de probidad administrativa.
- Senador Flavio Bolsonaro, primogénito del presidente: Incitación al delito.
- Diputado Eduardo Bolsonaro, segundo hijo del presidente: Incitación al delito.
- Concejal Carlos Bolsonaro, tercer hijo del mandatario.
- Fabio Wajngarten, Exjefe de prensa de la Presidencia: Prevaricación. Tráfico de influencias.
La cúpula y médicos de la prepaga Prevent Senior de San Pablo también fueron imputados ante la justicia común por haber realizado experimentos con pacientes con remedios como cloroquina, defendida por Bolsonaro y la ultraderecha como forma e generar una inmunidad de rebaño sin cuarentena.
