El fiscal Sebastián Basso pidió al juez federal Daniel Rafecas la captura nacional e internacional del líder supremo de Irán Ali Hosseini Khamenei, en un giro en relación con los anteriores titulares de la UIF-Amia que consideraban que Khamanei tiene inmunidad por el cargo que ocupa.
En su resolución a la que accedió Clarín en exclusiva, el fiscal de la UFI-Amia que reemplazó al asesinado Alberto Nisman, pidió que “se les reciba declaración indagatoria en orden a su participación en el atentado dirigido contra la sede de la Amia del 18 de julio de 1994, y por tomar parte, con los restantes imputados iraníes mencionados en este dictamen”.
También por su “patrocinio de la organización armada que actúa de manera clandestina fuera de las fronteras del territorio libanés vinculada al movimiento Hezbollah, que ha realizado desde hace décadas innumerables atentados contra la vida y los bienes de las personas que deben ser calificados como terroristas, entre ellos la Amia”.
Quién es Khamenei
Khamenei es el líder de gobierno teocrático de Irán y fue presidente de entre 1981 y 1989. Fue designado líder supremo para suceder al ayatolá Komeiní, el líder de la Revolución Islámica de 1979, que murió en 1989. Argentina e Irán solo tienen relaciones diplomáticas a nivel de encargado de negocios desde 1994 y esta decisión podría tensionar más los vínculos bilaterales.
El fiscal, de acuerdo con el diario porteño, solicitó que se libre oficio a Interpol “a los efectos de encomendarle el cumplimiento de la medida solicitada” y “en el que se haga saber que, en el caso de lograrse la captura requerida, el imputado 55 deberá ser puesto a disposición del Sr. Juez en carácter de detenido incomunicado”.
Esa solicitud la complementó con órdenes a las fuerzas de seguridad federales para que lo detengan si toca territorio argentino. Será investigado en la causa en legajo por separado.
Para el fiscal, Khamenei “encabezó la toma de la decisión de perpetrar un atentado con bombas en Buenos Aires en julio de 1994 y emitió la orden ejecutiva (fatwa) 39 para llevarlo adelante. También es indudable que desde siempre y al día de la fecha Khamenei es el principal sostén de grupos que poseen capacidad militar como Hezbollah”.
Recordó que “designó nada menos que al propio Secretario General de la agrupación terrorista como su representante en El Líbano. Todo en Irán, en lo referente a la política exterior y uso de la fuerza, pasa por su decisión”. En este sentido -prosiguió el fiscal en su argumento- “la Constitución iraní establece, en su art. 110, que el Líder tiene la responsabilidad y autoridad de determinar las políticas generales del país, supervisar la debida aplicación de esas políticas, decretar referendos y conceder el indulto o la conmutación de la pena a los condenados”.
“El líder es, asimismo, el comandante en jefe de las fuerzas armadas y controla las operaciones de la inteligencia y seguridad militar. Además, está facultado a declarar la guerra o la paz y movilizar a las fuerzas armadas”, agregó.
Además, “tiene el poder de elegir y remover al jefe del poder judicial, al jefe de la cadena de radio y televisión estatal, y al comandante de la policía y de las fuerzas armadas. También designa a seis de los doce miembros del Consejo de los Guardianes. Es, por tanto, la máxima autoridad del país, y supervisa la relación entre los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial”, dictaminó.
Ahora bien, “en cuanto a su responsabilidad penal por la intervención en el atentado contra la Amia, las razones esgrimidas por los anteriores titulares de la Unidad Fiscal en el dictamen de octubre de 2006 para diferir su convocatoria estuvieron vinculadas con la inmunidad que Khamenei podría ostentar frente a una imputación penal. Sin embargo, un análisis sensato de la cuestión a la luz del derecho de gentes (artículo 118 CN40) y del derecho internacional no permite sostener una inmunidad de esa naturaleza frente a su responsabilidad por un crimen de característica terrorista y de lesa humanidad”.
Consideró que “el atentado criminal aquí juzgado sucedió en territorio argentino y por lo tanto son las autoridades judiciales nacionales las que tienen el deber y la potestad de juzgar a sus responsables, con independencia del lugar y la posición social y política que ocupen en los territorios donde residan (artículo 1, inciso 1 del Código Penal argentino)”.
