El expresidente brasileño Jair Bolsonaro solcitó formalmente su absolución ante la Corte Suprema, negando rotundamente haber participado en un complot golpista y calificando las acusaciones en su contra de “absurdas”. Sus abogados presentaron los alegatos finales, el último paso procesal antes de que concluya el juicio, que podría llevarlo a una condena de hasta 40 años de prisión por diversos cargos.
La defensa del líder ultraderechista argumentó que no existen pruebas sólidas para condenarlo. Según el documento enviado al Supremo Tribunal Federal (STF), las pruebas demuestran que Bolsonaro “determinó la transición (de Gobierno), evitó el caos con (las protestas de) los camioneros y le dijo a sus electores que el mundo no acabaría el 31 de diciembre (con el fin de su Gobierno)”.
Los abogados insisten en que “en ningún momento Jair Bolsonaro practicó cualquier conducta que tuviera por finalidad impedir o dificultar la toma de posesión del entonces presidente electo”, y que por el contrario, “siempre defendió y reafirmó la democracia y el Estado de Derecho”. Afirman que la acusación de la Fiscalía está “basada en ilaciones e interpretaciones distorsionadas” y que no hay “configuración de crimen”.
Bolsonaro es acusado de haber liderado una conspiración con militares y altos funcionarios de su gobierno para intentar evitar la investidura del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022. Entre los cargos que enfrenta se incluyen golpe de Estado, intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, asociación armada para delinquir, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio público.
Un punto crucial de la acusación es el testimonio del teniente coronel Mauro Cid, antiguo edecán de Bolsonaro, quien admitió su culpa y denunció a supuestos cómplices a cambio de una reducción de condena. Cid afirmó haber participado en reuniones en la Presidencia donde se analizó un proyecto de decreto para anular las elecciones. Sin embargo, la defensa de Bolsonaro ha solicitado la anulación de este acuerdo de cooperación judicial, argumentando que las imputaciones de la Fiscalía “no encuentran respaldo ni en la lógica ni en las pruebas de los autos”.
Además de Bolsonaro, 33 de sus colaboradores y aliados están siendo acusados. La Fiscalía, por su parte, solicitó en julio la condena de Bolsonaro y siete de los principales acusados, que integran el “núcleo político” de los imputados, al considerar que existen pruebas suficientes de los delitos. Entre los principales acusados, además de Bolsonaro y Mauro Cid, se encuentran exministros como Walter Braga Netto, Augusto Heleno Ribeiro, Paulo Sergio Nogueira y Anderson Torres.
El único que espera el juicio en prisión es Braga Netto, mientras que Bolsonaro se encuentra bajo prisión domiciliaria desde el 5 de agosto. Esta medida fue determinada por el juez Alexandre de Moraes después de que Bolsonaro violara restricciones previas, como la de no enviar mensajes por redes sociales.
Se espera que la audiencia final del juicio sea programada para septiembre, al menos para el expresidente y los siete acusados principales. Un panel de cinco jueces del Tribunal Supremo decidirá ahora si Bolsonaro y sus aliados son culpables. De ser condenado, Bolsonaro podría enfrentar hasta 12 años de prisión solo por el intento de golpe de Estado, y décadas tras las rejas si se combinan otros cargos.
Cabe recordar que el máximo tribunal electoral de Brasil ya lo inhabilitó para postularse a cargos públicos hasta 2030, dictaminando que abusó de su autoridad al socavar la confianza en el sistema electoral del país. El caso generó una gran atención en Brasil y ha provocado incluso una disputa comercial con Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump ha calificado la acusación como una “caza de brujas”.
