La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que podría reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro y la de otros condenados, acusados de actos golpistas tras las elecciones de 2022.
La iniciativa obtuvo 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención. La medida ahora deberá ser debatida en el Senado.
Bolsonaro fue condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y por el delito de abolición violenta del Estado democrático de derecho.
Qué cambia con el proyecto
El texto aprobado establece que no se pueden acumular las penas de los dos delitos por los que fue sentenciado el exmandatario. Al considerarse figuras penales similares, se aplicaría únicamente la pena más grave: golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión.
Esto eliminaría la suma con la condena por intento de abolición violenta del Estado democrático, penada con hasta ocho años.
El proyecto también reduce las penas entre un tercio y dos tercios cuando los crímenes fueron cometidos en el marco de una “multitud”, como ocurrió durante el asalto a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema el 8 de enero de 2023.
Beneficios para los condenados
Otro punto central es que habilita una progresión más rápida del régimen cerrado al semiabierto: tras un sexto de la pena cumplida si no hubo violencia, o tras un cuarto en casos en los que sí la hubo.
Según el diputado Paulo Pereira da Silva, encargado del proyecto, Bolsonaro podría pasar al régimen semiabierto en poco más de dos años si la propuesta se convierte en ley.
Entre los posibles beneficiarios figuran también altos mandos militares y exministros condenados por apoyar el plan para mantener al exmandatario en el poder pese a su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva.
Incidentes en el recinto
La discusión avanzó en medio de un clima tenso, con empujones entre legisladores y la intervención del cuerpo de seguridad.
En un momento, un diputado de izquierda se sentó en la silla de la Presidencia como señal de protesta y fue retirado por personal legislativo. También se dispuso la expulsión de los medios de comunicación del recinto.
