Chile conmemora este lunes el 50° aniversario del golpe de Estado perpetrado por fuerzas militares al mando del entonces general Augusto Pinochet Ugarte contra el gobierno de Salvador Allende, el primer dirigente socialista en alcanzar la presidencia de un país latinoamericano a través de las urnas y el primero en gobernar con el apoyo manifiesto del comunismo.
La evocación del quiebre institucional, ejecutado con la prepotencia de los fusiles, los tanques y las bombas que aviones de combate dejaron caer en gran cantidad sobre La Moneda y otros edificios de la República, encuentra a chilenos y a chilenas separados por una medianera ideológica como la que dividía por entonces a los partidarios de la izquierdista Unidad Popular (UP) de quienes aquel 11 de septiembre de 1973 celebraron en las calles la destitución y la toma del gobierno al que acusaban de tener como misión instaurar una dictadura marxista en el país trasandino.
En esa atmósfera de desencuentro, impregnada de dolor y ausencias, el presidente Gabriel Boric encabezará hoy una serie de actividades para recordar el origen de la herida que aún supura humores de encono y resentimiento entre los defensores de la memoria y quienes reivindican el régimen pinochetista.
El mandatario chileno, que como el 70% de la población actual del país sudamericano (unos 19,9 millones de habitantes) no había nacido cuando se produjo la cruenta sedición militar, eligió el icónico Patio de los Cañones de La Moneda (sede del Ejecutivo trasandino) como escenario de la ceremonia central de la evocación oficial. Allí, integrantes de su gabinete leerán en voz alta un documento que contiene los nombres de funcionarios públicos ejecutados y desaparecidos durante los casi 17 años de la dictadura, que dejó más de 40 mil víctimas, entre asesinados, prisioneros políticos y torturados, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Este organismo autónomo de orden público precisa que en ese lapso más de 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1.469 sufrieron desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda, se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta hallar a otras 1.162, de acuerdo con las cifras oficiales.
Avanzar, pese a todo
Pese al terreno fangoso y convulsionado, Boric logró avanzar hasta la firma del documento: “Compromiso: por la democracia, siempre”, por parte de sus antecesores en la jefatura de Estado, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei. El texto contempla cuatro puntos que coinciden en el respeto irrestricto de los derechos humanos y en la defensa de la democracia. “Cuidar la memoria porque es el ancla del futuro democrático que demandan nuestros pueblos” es la consigna principal y conclusión de la proclama.
No obstante, el actual inquilino de La Moneda se quedó con las ganas de consumar el sueño de que la conmemoración del golpe de Estado fuese prenda de unidad nacional. “Desgraciadamente, por diferentes motivos, en los que todos tenemos algo de responsabilidad, han primado las diferencias políticas y la reyerta chica” por sobre los consensos, lamentó.
La Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli (integrantes del bloque opositor de derecha Chile Vamos) no se dieron por aludidos y difundieron su propio compromiso en defensa de la democracia y los derechos humanos. El manifiesto opositor no incluye los términos dictadura y golpe de Estado. Además, insiste en culpar a Salvador Allende y a la UP por la descomposición social y política que provocaron en su afán de instalar “una dictadura comunista”, que motivó la sublevación militar.
Esas son las razones fundamentales por las que se negaron a firmar la petición de Boric y avisaron, a través del senador Javier Macaya, líder de la UDI, que no asistirán hoy a La Moneda ni participarán en acto alguno en homenaje al expresidente derrocado. “Sin Allende, no hay Pinochet”, simplifican la disputa inconclusa.
Reivindicación y negacionismo
“No estamos dispuestos a legitimar hitos que generen más división y que nos pongan al servicio de hechos que no tienen una sola mirada”, resumió el parlamentario sobre el ánimo antagonista. En la misma línea argumental, la diputada Catalina del Real (ex Renovación Nacional) cuestionó que el Gobierno “siga poniendo todo su esfuerzo en esta conmemoración de los 50 años”, a la vez que consideró una provocación el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de la desaparición forzada durante la dictadura.
También el diputado Jorge Alessandri (Unión Demócrata Independiente) criticó con dureza la iniciativa que lanzó Boric a fines de agosto con la intención de trazar la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborar con las investigaciones judiciales, y ayudar a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales. Alessandri lo hizo de una manera más explícita que su colega. “Yo justifico el golpe militar”, planteó sin rodeos.
Con tono similar, Luis Silva, actual presidente del Consejo Constitucional (órgano que discute en estos momentos una nueva Carta Magna de la República), dijo recientemente que el dictador fue un “estatista”. Remarcó así la línea que traza desde hace tiempo José Antonio Kast, fundador y líder del derechista extremo y ultraconservador Partido Republicano, en el que milita. El candidato derrotado por Boric en las presidenciales de diciembre de 2021 y quien aspira a cobrarse revancha de aquel traspié en las generales de 2025, reivindicó la insurgencia militar y la dictadura de Pinochet. No sólo eso, avaló los dichos de una parlamentaria cercana a su espacio con relación a que la violencia sexual ejercida contra las prisioneras políticas durante el pinochetismo era sólo “leyenda urbana”.
Al margen del debate
La fragmentada Democracia Cristiana, que previamente al golpe de 1973 aprobó con la derecha una declaración parlamentaria que culpaba al Gobierno de Allende de violar derechos consagrados en la Constitución, decidió mantenerse al margen del debate crispado que domina la escena política chilena.
El clima de antagonismo e irritación social imperante abre signos de interrogación acerca del futuro político de Chile, no ajeno a las vacilaciones de casi todas las democracias en la región.
