La parálisis política en Washington alcanzó un punto crítico este fin de semana, mientras el cierre del Gobierno estadounidense –que ya supera el mes de duración– comienza a afectar directamente la alimentación, la salud y los ingresos de millones de ciudadanos.
La falta de un acuerdo presupuestario entre republicanos y demócratas derivó en un bloqueo total de funciones, con consecuencias que se agravan cada día.
El viernes último, dos jueces federales detuvieron los planes de la administración del presidente Donald Trump de suspender temporalmente los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que asiste a unos 43,5 millones de estadounidenses.
Sin embargo, la orden judicial apenas aplazó un problema mayor: los retrasos en las transferencias de fondos amenazan con dejar a millones de familias sin recursos para satisfacer sus necesidades básicas.
El Departamento de Agricultura planeaba retener los pagos hasta que la Justicia interviniera, y aunque los magistrados autorizaron el uso de un fondo de contingencia de 5.000 millones de dólares, persiste la incertidumbre sobre si el dinero alcanzará para cubrir el mes o si los beneficiarios recibirán ayudas parciales.
En muchos estados, el trámite para cargar las tarjetas sociales demora más de una semana, lo que podría traducirse en alacenas vacías para millones de hogares vulnerables.
Imputaciones cruzadas
“El Gobierno necesita seguir la ley y trabajar con los estados para garantizar que la asistencia llegue cuanto antes”, reclamó Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes.
Desde la vereda opuesta, los republicanos culpan a la oposición por haber bloqueado 14 veces proyectos de financiamiento temporales que habrían evitado el cierre. “Estamos llegando a un punto de quiebre”, advirtió el presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana.
Mientras el debate se estanca, el impacto económico y social del cierre se multiplica. Unos 800 mil empleados federales siguen sin cobrar sus salarios, lo que repercute en sectores tan sensibles como el transporte aéreo. La escasez de controladores de vuelo genera demoras y cancelaciones en aeropuertos de todo el país, además de un clima de tensión creciente entre los trabajadores.
“La situación se vuelve menos segura con cada día que pasa”, alertó Nick Daniels, presidente del sindicato nacional de controladores de tráfico aéreo, al pedir al Congreso una reapertura inmediata.
En paralelo, millones de estadounidenses enfrentan otra amenaza: un drástico incremento en el costo de su seguro médico.
El sábado comenzó el período anual de inscripción para los planes de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, pero los créditos fiscales que subsidian esas coberturas están a punto de expirar. Si el Congreso no actúa, las primas podrían aumentar más del 100% en promedio, según la organización de investigación KFF.
Sin precedentes
“Estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes”, advirtió el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. En estados como Wisconsin, las familias que dependen del plan plata podrían ver subir sus primas anuales de entre 12.500 a más de 24.000 dólares, dependiendo de su ubicación. “Hoy escucho de familias que están en pánico”, expresó la senadora Patty Murray, demócrata de Washington. “El momento de actuar es ahora”.
Los demócratas exigen que se prolonguen los subsidios antes de aprobar cualquier acuerdo presupuestario. Algunos republicanos se han mostrado dispuestos a negociar esa extensión, pero también quieren introducir modificaciones profundas a la reforma sanitaria promulgada durante el gobierno de Barack Obama. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, propuso una votación sobre los beneficios, aunque sin garantizar un resultado favorable.
Trump instó a los senadores de su partido a eliminar las reglas del obstruccionismo -que exigen el apoyo de al menos 60 legisladores para aprobar leyes-, a fin de romper el impasse. La idea fue rechazada por los líderes republicanos, pero reflejó la magnitud de la desesperación dentro del propio bloque oficialista.
Con el Congreso prácticamente paralizado desde hace seis semanas, el cierre ya es el segundo más largo de la historia de Estados Unidos. Y aunque los efectos comienzan a sentirse en todos los niveles, desde las familias que dependen de los programas sociales hasta los viajeros que enfrentan aeropuertos colapsados, no se vislumbra un acuerdo inminente.
