La Inspección General de la Policía de Colombia abrió casi medio centenar de investigaciones a nivel interno por un presunto uso de la fuerza por parte de los agentes en el marco de las protestas contra la reforma fiscal, registradas en el país desde hace 10 días.
Dichas pesquisas se han abierto tras las múltiples denuncias presentadas por supuestos abusos policiales durante las manifestaciones. Según datos de la Defensoría del Pueblo, son 24 las personas que han fallecido en el marco del paro nacional, de las cuales al menos 11 habrían muerto a causa de la brutalidad policial.
La campaña Defender la Libertad, de la que forman parte varias organizaciones de la sociedad civil, ha recibido 569 denuncias por agresiones y violencia a manos de los agentes. Tal y como indican los datos recabados, 381 personas habrían resultado heridas por el uso desproporcionado de la fuerza. La Inspección General de la Policía ha manifestado que son 47 las pesquisas abiertas, si bien la Procuraduría General del país asumió 10 de estos casos, que se abrieron como investigaciones disciplinarias en la Policía.
Algunos incluyen, según la procuradora Margarita Cabello, denuncias sobre presuntos abusos sexuales por parte de los agentes, tal como informó el diario El Tiempo.
La Fiscalía, por su parte, indicó que se está investigando la posible relación de otras siete muertes con las manifestaciones, si bien se ha descartado la vinculación de ocho decesos.
De los 11 homicidios que la entidad ha identificado como relacionados con las protestas, ya hay tres policías imputados. El jueves, además, fue detenido el jefe de la Policía Carlos Javier Arenas Niño por el presunto homicidio del joven Brayan Fernando Niño Araque.
En Colombia los delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones, en principio, son juzgados ante la Justicia Penal Militar. Esto no impide, no obstante, que la Fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos.
La jurisdicción militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.
Naciones Unidas apeló a la calma en Colombia para evitar una escalada de violencia en relación a las protestas sociales y valoró de forma “positiva” la oferta de diálogo planteada por el gobierno de Iván Duque, esperando que sirva para lograr una “solución pacífica” a la actual crisis.
Se va
Colombia declaró persona no grata al primer secretario de la embajada de Cuba y expulsó al diplomático sin explicar los motivos.
En tanto, La Habana exigió en una carta oficial de respuesta a sus pares en Bogotá que argumenten las razones por las que exigió la inmediata salida de uno de sus representantes, medida a la que calificó de “acto inamistoso’'. El primer secretario Omar Rafael García Lazo debería abandonar Bogotá en las próximas 24 horas.
