Los colombianos confirmarán este domingo en las urnas quién será el presidente que tomará las riendas del país cafetalero (de 50,9 millones de habitantes) a partir del próximo 7 de agosto con el reto urgente de administrar la pesada herencia económica y social que deja el gobierno del derechista Iván Duque, correrse de la tradición política de gobiernos conservadores y partidos tradicionales e intentar el cambio que reclamaron con su voto más de dos tercios de quienes sufragaron en la primera vuelta celebrada el 29 de mayo.
En esa instancia electoral, Gustavo Petro y Francia Márquez –el binomio propuesto por la coalición de izquierda Pacto Histórico– consiguieron poco más de 8,5 millones de votos, mientras que Rodolfo Hernández y Marelen Castillo –la dupla postulada por la alianza independiente de derecha Liga de Gobernantes Anticorrupción– lograron casi seis millones.
Los falsos gurúes y quienes prestan atención a las consultas de opinión y al comportamiento ciudadano en tiempos electorales avizoran una llegada a la meta de los dos competidores, “cabeza a cabeza”. En función de ese presentimiento, atribuyen gran relevancia en el veredicto final al voto en blanco y al comportamiento de los indecisos, en un país que aunque tiene 39 millones de ciudadanos en condiciones de votar, sufre de abstención alta. Por caso, en la primera vuelta, 45 por ciento de los empadronados optaron por ignorar el llamado de las urnas.
Promesas en campaña
En campaña, Petro (62) y Hernández (77) propusieron impulsar medidas bastante antagónicas en caso de convertirse en el próximo inquilino de la Casa de Nariño; no obstante, coincidieron en al menos una promesa: hacer lo necesario para consumar el sueño de un cambio profundo manifestado por una amplia mayoría de los ciudadanos que participaron en los comicios de hace tres semanas.
En lo referente a la política impositiva federal Petro propone una reforma tributaria “estructural” en procura de mayor justicia social y equidad. El actual senador nacional y exalcalde de Bogotá promete además no extender el IVA a la canasta familiar y desmontar subsidios a las energías no renovables. También habla de aplicar un gravamen a las grandes fortunas y latifundios improductivos y combatir la fuga de capitales y la salida de activos de Colombia con destino a “guaridas fiscales”.
Asimismo, el candidato de PH, dice que buscará disminuir de manera drástica la importación de alimentos e incentivar la producción nacional como también financiar ambiciosos programas sociales de empleo y cobertura básica con una profunda reforma tributaria progresiva.
Por su parte, Hernández quiere aplicar un IVA general del 10 por ciento que excluya a la canasta familiar y eliminar el “4x1000″; se refiere a la imposición a los movimientos financieros que retiene para el fisco cuatro pesos colombianos por cada mil que se transan. De esa manera –razona el exalcalde de Bucaramanga– todos los contribuyentes aportarían lo mismo “en cualquier etapa del ciclo económico”; si bien la medida implicaría reducir en nueve puntos el IVA (actualmente es del 19 por ciento) podría ampliarse a insumos que hoy están exentos.
Este ingeniero civil –apodado el Donald Trump colombiano por su arrogancia, autoritarismo y escasa tolerancia– promete achicar el Estado a lo mínimo indispensable, dotarlo de funcionarios elegidos con criterios meritocráticos y ajustar los recursos humanos y económicos del servicio diplomático, al que considera “burocracia onerosa”. En sintonía con la idea, imagina cubrir los cargos en destinos consulares con colombianos que vivan en el exterior.
El magnate de la construcción, quien financió su campaña con plata que sacó de su bolsillo y se negó a constituir alianzas políticas (también, a debatir con Petro antes del balotaje como obligó a los candidatos el Tribunal Supremo de Bogotá), basa sus promesas en la lucha frontal contra la corrupción a la que culpa de la pobreza en Colombia y de la pérdida de recursos del Estado que podrían destinarse a las obras sociales y a la ayuda a los sectores más vulnerables, repite en sus discursos.
Vale acotar que en marzo último la pobreza en ese país sudamericano se ubicó en el 39,3 por ciento, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane). El nivel había llegado al 41,5 por ciento en 2021.
Perspectivas
Aunque la situación política actual de uno y otro candidato no es equivalente, quien se consagre finalmente presidente es probable que enfrente problemas de gobernabilidad desde el arranque mismo de la gestión. La conjetura se explica, entre otras cosas, en el hecho que ninguno contará con mayoría propia en el Congreso, clave para lograr los avales políticos necesario con el propósito de aprobar e implementar las reformas estructurales prometidas durante la campaña.
En las elecciones legislativas del 13 de marzo último, la coalición de Petro logró una performance histórica para una fuerza de izquierda al ganar 20 bancas en el Senado, lo que le da una mayoría relativa en el cuerpo, aunque le impone negociar con políticos de centro y de partidos tradicionales.
En aquellos comicios, el espacio de Hernández sólo consiguió imponer a dos representantes en la Cámara Baja, por lo que en caso de triunfar este domingo debería hacer un mayor esfuerzo en busca de acuerdos parlamentarios sobre todo teniendo en cuenta que llamó “ladrones” a los integrantes de la “casta política” en la que incluyó a los congresistas.
