Sindicatos y organizaciones sociales desarrollan este miércoles una nueva jornada de movilización general y un “paro nacional” en Colombia luego de una semana de protestas contra una reforma tributaria del presidente colombiano, Iván Duque, que dejó hasta ahora 19 muertos y cuya represión fue denunciada por gobiernos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos de derechos humanos.
Pese a que el presidente Iván Duque retiró la controvertida reforma y prometió redactar otra y a la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el Comité Nacional del Paro, que agrupa a unas 40 organizaciones, redobló la apuesta con el llamado a una nueva movilización en Bogotá, Anoche la tensión no cedió en la capital colombiana y 30 civiles y 16 policías resultaron heridos tras los choques con la fuerza pública, informaron autoridades municipales. Cali (al sudoeste del país) se convirtió en los últimos días en el epicentro de las manifestaciones y la represión de las fuerzas del Estado.
El lunes se registraron cinco muertos y una treintena de lesionados que se sumaron a la lista -precaria e incompleta según los organizadores de la protesta- que por ahora reconoce 19 víctimas fatales y unos 800 heridos.
¿Disidentes e infiltrados?
La fiscalía asegura que detrás de los desmanes están disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas narco. En medio de fuerte expectativa, accesos y avenidas de Bogotá amanecieron este miércoles con los primeros bloqueos.
Tras una semana signada por las protestas y la feroz represión, los manifestantes exigen ahora el retiro de un proyecto de reforma de salud, un mejor manejo de la pandemia de coronavirus y un salario básico universal acorde a la canasta de alimentos. Colombia entró hace una semana en una espiral de protestas y enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerza pública, cuando miles de personas salieron a las calles el 28 de abril en al menos 23 ciudades del país contra el proyecto de reforma impositiva. Esa primera jornada desbordó las previsiones iniciales y acabó derivando en represión y enfrentamientos con la Policía.
Arqueo luctuoso
Esta semana, la Defensoría del Pueblo de Colombia contabilizó más de 19 muertos, 89 desaparecidos y miles de heridos. La prensa colombiana se hizo eco de la brutalidad policial cuando una mujer perdió la visión de un ojo después de que un agente policial le disparara directamente a la cara. Duque aseguró que abrirá “espacios de diálogo” para escuchar a todos los sectores, pero sin precisar cómo se realizarán estos acercamientos y, ante las críticas de abuso policial, el mandatario respaldó a la fuerza pública a quien considera la principal víctima de ataques, lo que enfureció a los manifestantes.
Alarma internacional
La respuesta represiva desató reacciones internacionales y fue condenada por la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas, que se declaró “profundamente alarmada” por los acontecimientos. También Estados Unidos instó a las fuerzas del orden en Colombia a la “máxima moderación” para evitar más muertes durante las protestas e hizo un llamado al “diálogo político”.
El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, afirmó que las actuaciones de los agentes se desarrollaron “con base en el respeto de los derechos humanos”. A las denuncias se sumó Amnistía Internacional (AI), que exigió que las autoridades colombianas investiguen “de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes”. La represión “ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas”, dijo AI. Con la popularidad en baja (33%), Duque ha enfrentado masivas protestas desde 2019. La pandemia avivó el descontento en un país que sufre más de medio siglo de conflicto armado.
