El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se encuentra hospitalizado en Sao Paulo tras ser operado de urgencia por una hemorragia intracraneal. Si bien el mandatario “evolucionó bien” y se encuentra “lúcido, orientado, conversando”, el episodio abre interrogantes sobre la continuidad del gobierno en caso de que su salud se vea comprometida.
Sin embargo, el mandatario deberá ser operado nuevamente para detener el flujo de hemorragia en el cerebro. La nueva intervención, una “embolización de la arteria meníngea media”, será necesaria para evitar que la sangre se acumule en el cerebro.
La Constitución brasileña establece que, en caso de “impedimento” del presidente para gobernar, el vicepresidente debe asumir el cargo. Sin embargo, no se especifican los mecanismos para determinar la incapacidad del mandatario ni quién debe evaluarla.
Esta falta de claridad genera incertidumbre sobre la situación actual. Por el momento, el gobierno brasileño considera que no será necesario que Lula tome licencia. El ministro de Comunicación, Paulo Pimenta, afirmó que “en principio” no se prevé un apartamiento formal del presidente.
No obstante, la agenda de Lula fue “postergada” y el vicepresidente, Geraldo Alckmin, recibió al primer ministro de Eslovaquia en su lugar. No está claro si Alckmin asumirá otras funciones presidenciales mientras Lula se recupera.
Expertos en derecho constitucional señalan que la Constitución diferencia entre “impedimento” y “vacancia” presidencial. El primero se refiere a una situación temporal, como una enfermedad o un viaje al exterior, mientras que la vacancia implica un cese definitivo del mandato, por muerte, renuncia o juicio político.
En el caso de Lula, su hospitalización se consideraría un “impedimento” temporal. Sin embargo, la ausencia de mecanismos claros para determinar la incapacidad presidencial deja un vacío legal que podría generar controversia en caso de que el estado de salud del mandatario se agrave.
