El Tribunal Supremo de Ruanda condenó a cadena perpetua al profesor Emmanuel Mbarushimana por crímenes durante el genocidio de 1994, en el que al menos 800.000 personas murieron en 100 días, informaron hoy medios locales.
Mbarushimana fue hallado culpable de complicidad, conspiración, asesinato y exterminio.
Además, el Tribunal determinó que fue responsable del establecimiento de dos controles en una ruta de la provincia Sur, en el distrito actual de Gisagara, en el que murieron cientos de personas de la etnia tutsi y donde Mbarushimana era por entonces inspector de las escuelas en el área.
La Fiscalía dijo además que fue uno de los líderes que organizaron y ejecutaron un ataque contra tutsis en los cerros de Kibuye, en el suroeste de Ruanda.
En Ruanda se distinguían dos estamentos dentro de la etnia banyaruanda a la que pertenece casi toda la población: la mayoría hutu y la minoría tutsi.
En 1994, el gobierno hutu intentó exterminar a la población tutsi, objetivo que se saldó con la eliminación del 75% de la población.
Mbarushimana fue extraditado por Dinamarca en 2014 para ser juzgado por el sistema judicial de Ruanda, algo que el ruandés apeló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Francia, alegando que no tendría un juicio justo en su país.
Sin embargo, el Tribunal Europeo falló a favor de su extradición y ahora Mbarushimana afirma que ha tenido un juicio injusto en el que los testigos han sido entrenados para mentir al Supremo, informó la agencia de noticias EFE.
Mbarushimana fue el segundo sospechoso de genocidio extraditado desde Europa, después de Charles Bandora, que llegó desde Noruega en 2013.
El conflicto de Ruanda estalló el 6 de abril de 1994 tras el asesinato del entonces presidente ruandés, Juvénal Habyarimana, que murió junto al de Burundi, Cyprien Ntaryamira, después de que el avión en el que viajaban fuera derribado, aunque existían indicios claros de la situación que se estaba gestando desde meses antes.
La matanza que siguió -el Gobierno ruandés acusó a los rebeldes tutsis del Frente Patriótico Ruandés (RPF, en inglés) del asesinato- terminaría con la vida 800.000 tutsis y hutus moderados en poco más de tres meses.
Desde entonces, muchos responsables del genocidio han huido a distintos países de Europa, Canadá o Estados Unidos por temor a ser juzgados en Ruanda, donde alegan no recibir un juicio justo.