El caso de una niña de 11 años que quedó embarazada tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro causó conmoción y un nuevo debate entre quienes defienden el derecho de la menor de interrumpir la gestación y quienes rechazan esta posibilidad.
El suceso fue denunciado en el municipio de Yapacaní, en la región oriental de Santa Cruz, en Bolivia. Allí, la menor vivía bajo el cuidado de su abuelastro de 61 años ya que sus padres viajaban constantemente por motivos de trabajo.
Según informó la directora ejecutiva de la Casa de la Mujer, Ana Paola García, en diálogo con la agencia Efe, la menor le había comentado a una prima “que sentía unos movimientos extraños en su vientre, y la prima le cuenta a su madre y es así que la tía es quien presenta la denuncia” por el hecho.
La menor, con 21 semanas de gestación, está ingresada en un hospital cruceño, y el agresor fue encarcelado.
Según García, en un principio la madre de la niña pidió la interrupción del embarazo, acogiéndose a una sentencia constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del periodo de gestación en que se encuentre, explicó Efe.
Sin embargo, la directora denunció que por la “injerencia” de una organización perteneciente a la Iglesia católica la mujer desistió de que se interrumpa el embarazo de su niña.
Asimismo, la menor había manifestado previamente a una junta médica que “no quiere ser madre”. Por este motivo se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir la gestación, explicó García.
No obstante, una abogada que la organización religiosa le puso a la madre presentó un memorial de desistimiento a la par de una carta manuscrita en que la menor supuestamente manifiesta que ya no quiere someterse al procedimiento, por ahora paralizado.
“Es un crimen lo que se está haciendo con esta criatura porque en un país justo las niñas no son madres”, aseveró García.
Aborto en Bolivia
El aborto en Bolivia es legal “bajo condiciones de delitos de carácter sexual” desde 1970. Antes, recordó García, se requería una orden judicial para el procedimiento.
En 2014, a partir de un fallo constitucional, se permite la interrupción legal “con la fotocopia simple de la denuncia” y “con el procedimiento informado a la víctima”, explicó.
Siempre siguiendo lo informado por Efe, García informó que en 2020 se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años, lo que supone que “104 niñas se embarazan por día en Bolivia, de las cuales 6 son menores de 13 años”.
“Esta situación es alarmante, la violencia sexual flagela a Bolivia todavía y las niñas siguen siendo las principales víctimas”, denunció.
Opiniones sobre el caso
Consultado por los medios, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, opinó este domingo que se debería evaluar psicológicamente a la menor. Según opinó, si ella decide interrumpir su embarazo, “se le deben generar todas las condiciones materiales para que así lo haga”.
“Imagínense una niña de 11 años que todos los días tenga que ver a su hijo o a su hija producto de una violación. No podemos tolerar este tipo de conductas dentro de nuestro país y no podemos destruirle la vida a una niña de 11 años. Debemos generar las condiciones materiales para que se interrumpa este embarazo si así se lo define”, aseguró.
Por otra parte, la Iglesia católica abogó en un comunicado por “salvar, cuidar y apoyar con amor de las dos vidas”. Ofreció “acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre” en un centro para madres adolescentes con el apoyo “material, médico, psicológico y espiritual” correspondiente.
A su vez, la iglesia manifestó su “más firme repudio por la brutal violación” sufrida por la niña, pero insistió en que “ambas son vidas humanas independientes” porque un feto de 5 meses ya es una criatura “bastante formada” que goza de protección legal y que “un crimen no se soluciona con otro crimen”.
Por su parte, García insistió en que debe prevalecer el bienestar físico y emocional de la menor y consideró que el Estado debería intervenir para velar por sus derechos.
