La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos marca un punto de inflexión en la historia contemporánea de Venezuela.
El guion del ataque parte de los cargos que el Departamento de Justicia presentó por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y conspiración para poseer dispositivos destructivos, bajo la justificación de una orden judicial del Southern District of New York (SDNY), tribunal que adelanta la investigación desde 2020.
La acusación describe un entramado de corrupción que, durante más de dos décadas, vinculó a altos funcionarios venezolanos con las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles como Sinaloa y Los Zetas.
La captura no surge de la nada: es la culminación de un proceso judicial que ya había delineado la responsabilidad penal de Maduro y su círculo más cercano.
Además, la narrativa opositora se centra en que la detención abre una oportunidad inédita para la transición política, por lo que María Corina Machado añadió que “Maduro desde hoy enfrenta la Justicia internacional por los crímenes atroces cometidos”.
Intervención ilegítima y responsabilidad internacional
La operación militar estadounidense plantea interrogantes fundamentales en el derecho internacional.
Bajo la óptica del régimen venezolano, el ataque a sus instalaciones militares constituye un acto de guerra y una violación de la soberanía nacional.
Desde la perspectiva de Washington, se trató de la ejecución de una orden judicial vinculada a delitos transnacionales y el uso de la fuerza fue presentado como una acción legítima para proteger a los funcionarios federales.
Sin embargo, las declaraciones inmediatas de Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, sugieren un objetivo político más amplio.
Al principio de no intervención, consagrado en la Carta de la ONU, se contrapone la responsabilidad por narcoterrorismo.
Estados Unidos justifica la operación bajo la necesidad de combatir amenazas directas a su seguridad nacional.
En paralelo, instrumentos como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y el Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes refuerzan la idea de que los Estados tienen deberes de cooperación en la persecución de delitos transnacionales.
Esa cooperación se vuelve imposible cuando uno de los estados es considerado “forajido”.
La tensión entre soberanía y seguridad internacional se convierte en el eje jurídico de la crisis: ¿puede un Estado intervenir militarmente para capturar al jefe de otro Estado acusado de narcoterrorismo?
La respuesta no está escrita en tratados, pero sí en la práctica política y en la fuerza de los hechos.
¿Quién gobernará Venezuela?
La complejidad del escenario es máxima. Por un lado, el alegato sustantivo es que Nicolás Maduro cometió un fraude que revirtió el resultado del proceso electoral del 28 de julio de 2024, en el cual resultó electo Edmundo González con el apoyo de María Corina Machado y Corina Yoris, inhabilitadas por maniobras del Consejo Nacional Electoral.
Esto implicaría la ilegitimidad de origen del Gobierno de Maduro.
Por otro lado, al juramentarse Maduro el 10 de enero de 2025, su captura genera una situación inédita que tratará de ser subsumida en el artículo 233 de la Constitución venezolana.
La norma establece que la falta absoluta del presidente debe ser suplida por el vicepresidente ejecutivo –en este caso, Delcy Rodríguez–, lo que implicaría la continuidad política del régimen.
En paralelo, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, denuncia una agresión contra la soberanía nacional, aunque sin la compañía del alto mando militar como suele ser su costumbre. Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, apareció acompañado de cuerpos paramilitares, lo que constituye el mayor riesgo de violencia interna.
Un escrito apócrifo anunció el estado de excepción por conmoción externa, con el objetivo de centralizar el poder y proyectar la imagen de “control total de la situación”. Así, la gobernanza de Venezuela queda atrapada entre la legalidad constitucional y la lógica de facto de un régimen que intenta sobrevivir sin su líder principal.
El impacto regional
La connotación internacional del ataque contra instalaciones militares venezolanas y la captura de Maduro es indudable.
En su rueda de prensa, Trump afirmó que Estados Unidos “gobernará Venezuela hasta que pueda llevarse a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, y advirtió que una segunda oleada de ataques “mucho mayor” está lista, por si fuese necesaria.
Además, señaló que la transición será liderada por un equipo integrado por su secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en colaboración con la dirigencia venezolana.
Las declaraciones se extendieron hacia Colombia y Cuba. Trump advirtió que el presidente Gustavo Petro debía “cuidarse el trasero”, acusándolo de producir la cocaína que llega a Estados Unidos. Petro respondió a esta declaración calificando la operación como un “ataque a la soberanía” de América Latina y alertó sobre una crisis humanitaria aun mayor en Venezuela.
La captura de Maduro, por tanto, no solo redefine la política venezolana, sino que reconfigura la geopolítica regional, con tensiones directas entre Washington y Bogotá, y dejando en el aire la suerte de Cuba y Nicaragua.
Transición o violencia: el dilema de 2026
Los días inmediatamente siguientes a la captura serán críticos. Según la narrativa oficial estadounidense, la apertura hacia una transición democrática, forzada por la Administración Trump, no admite negociación, pero las formas pueden desencadenar un ciclo de violencia permanente.
La neutralización de los grupos paramilitares y la posible fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana determinarán el desenlace.
La presión internacional es ambivalente: la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo apoyan el resultado del 28-J y reconocen como presidente a Edmundo González.
Mientras, regímenes autoritarios como Cuba y Nicaragua, potencias globales como Rusia y China, y fundamentalismos como Irán y Corea del Norte, respaldan al régimen de Maduro.
Los factores democráticos insisten en que ésta es la oportunidad para la restauración democrática de Venezuela. Sin embargo, el riesgo de enfrentamientos internos y de una crisis humanitaria aún mayor es real.
La gobernanza del país se encuentra en un terreno incierto, donde la legalidad constitucional se diluye y la fuerza de los hechos se entrelaza con la anarquía.
El desenlace aún no escrito
Venezuela entra en 2026 en la más absoluta incertidumbre. El tiempo del chavismo se agotó. No hay desenlace escrito, pero sí una certeza: el sistema autoritario no puede sostenerse y está bajo la amenaza de un segundo y definitivo ataque por parte de Estados Unidos.
El desenlace ya implica una ruptura, aunque existen dos elementos indefinidos: el nivel de violencia y el grado del protectorado anunciado por Trump.
El problema no es si habrá cambio, sino cómo sucederá y a qué costo.
La captura de Maduro abre una ventana inédita para la Justicia internacional y la transición política, pero también expone al país a riesgos de violencia y fragmentación.
La historia de Venezuela se redefine en tiempo real. Una tragedia que comenzó con el desmontaje institucional ejecutado por Hugo Chávez Frías, que utilizó contra la democracia los propios mecanismos democráticos.
Profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello
