Australia implementó en diciembre pasado una de las legislaciones más estrictas a nivel global para restringir el uso de redes sociales en menores de 16 años. La medida, que busca proteger la salud mental, ya derivó en el bloqueo masivo de perfiles y comenzó a ser replicada por gobiernos de Europa.
El veto alcanza a las principales redes sociales del mercado, incluyendo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat y X. También se ven afectadas plataformas de streaming como Twitch y Kick, mientras que el Gobierno evalúa sumar a LinkedIn si crece el uso entre jóvenes.
Por el momento, las aplicaciones de mensajería exclusiva como WhatsApp o Messenger quedan fuera de la prohibición. Estas herramientas se mantienen como un refugio para que los adolescentes sostengan el contacto con sus familiares y amigos.
Millones de cuentas eliminadas y sanciones
Durante la primera mitad de diciembre, las compañías tecnológicas reportaron la eliminación de aproximadamente 4,7 millones de cuentas de menores. Snapchat, por su parte, informó que inhabilitó más de 415 mil perfiles en Australia hasta finales de enero.
La ley establece que la responsabilidad recae exclusivamente en las empresas, que deben tomar “medidas razonables” para verificar la edad. Las multas por incumplimiento pueden alcanzar los U$S 32 millones.
Métodos de verificación y salud mental
Para cumplir con la norma, las plataformas aplican sistemas de inteligencia artificial y análisis de documentos de identidad. Meta, matriz de Facebook e Instagram, permite a los usuarios bloqueados por error apelar mediante el envío de una “selfie” de verificación.
El fundamento oficial de la ley es la protección de los menores frente al acoso, la adicción digital y la manipulación de algoritmos. El debate parlamentario contó con testimonios de padres que perdieron a sus hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea.
Voces en contra y desafíos técnicos
Pese al consenso oficial, organismos como ONU Juventud Australia advierten que el bloqueo podría aislar a adolescentes que encuentran su punto de conexión en el entorno digital. Además, existen dudas sobre la eficacia técnica ante el posible uso de redes privadas (VPN) para eludir los controles.
El presidente de España, Pedro Sánchez, ya anunció que seguirá el modelo australiano, responsabilizando legalmente a los directivos de las plataformas por las infracciones cometidas.
