Como hombre de negocios y presidente de Estados Unidos, Donald Trump enfrentó una sucesión de demandas e investigaciones penales, pero emergió de los aprietos legales una y otra vez con su reputación pública y política intactas en gran medida.
Sin embargo, tal vez nunca enfrentó una investigación tan peligrosa para sus intereses como la de Mar-a-Lago, enfocada en el supuesto mal manejo de documentos ultrasecretos.
La sensación de vulnerabilidad se incrementó en las últimas semanas, no sólo porque el Departamento de Justicia nombró a un fiscal especial con una reputación de enérgico, sino también por la remoción de un perito independiente en el caso que había sido solicitado por Trump y por el rechazo inequívoco por parte de los jueces de los argumentos de sus abogados.
Sin protección
Es imposible predecir cuánto más durará la investigación ni si el Departamento de Justicia dará el paso sin precedentes de encausar a un expresidente y candidato actual. Pero Trump ya no está protegido de ser enjuiciado en la forma en que lo estaba cuando era mandatario, y algunos expertos jurídicos consideran que la investigación de Mar-a-Lago se centra en cuestiones jurídicas más directas y basadas en hechos que las investigaciones anteriores que ha enfrentado.
Un obstáculo de la investigación para el Departamento de Justicia fue eliminado la semana pasada cuando un panel de una corte de apelaciones –el cual incluía a dos jueces designados por Trump– puso fin al trabajo de un perito especial a quien habían pedido una revisión independiente de los miles de documentos incautados por el FBI en su allanamiento de Mar-a-Lago. La decisión les permite a los fiscales usar todo el conjunto de documentos para su trabajo.
En una dura opinión que se remontó muy atrás en la historia, el tribunal reconoció que una búsqueda en la propiedad de un expresidente es extraordinaria, pero no tan extraordinaria como para darle a él un trato especial.
Nada nuevo
Las investigaciones no son nada nuevo para Trump, y las especulaciones sobre el riesgo jurídico que corre ya resultaron erróneas antes.
En 2021, fiscales estatales de Nueva York acusaron a la empresa de Trump, la Organización Trump, y a su añejo director financiero, pero no al expresidente. En septiembre, la fiscal general de Nueva York acusó a Trump de inflar su patrimonio neto en miles de millones de dólares y engañar a los bancos, pero esas acusaciones se hicieron en una demanda, no en un caso penal.
Como presidente, fue investigado por un fiscal especial anterior, el exdirector del FBI Robert Mueller, en torno a si su exitosa campaña de 2016 se había coludido ilegalmente con Rusia y si él había tratado de obstruir esa investigación. A la larga Mueller no halló pruebas suficientes para afirmar que hubo una conspiración criminal entre la campaña y Moscú.
Pero los fiscales en la investigación de Mar-a-Lago desestimaron en gran medida la relevancia del estatus de Trump como expresidente, afirmando durante un pleito judicial en torno al perito independiente que los registros secretos a los que tenía acceso como comandante en jefe de las fuerzas armadas siguen sin pertenecerle.
Y el panel de apelaciones, en su opinión de la semana pasada, rechazó la idea de que Trump tenía derecho a que le devolvieran los registros incautados de su hogar o que un perito independiente los revisara, algo que dijo crearía una “excepción especial”.
La investigación de los registros estuvo preparándose durante meses antes de quedar a la vista del público con un allanamiento de Mar-a-Lago por parte del FBI el 8 de agosto, en el que los agentes retiraron aproximadamente 100 documentos con clasificación de secretos. Para ese momento, funcionarios del Departamento de Justicia dicen que habían desarrollado una causa probable para creer que se habían cometido delitos relacionados con la retención de información de defensa nacional, así como obstrucción.
Desde entonces, la investigación ha dado señales de estar acelerándose: el Departamento de Justicia presentó pruebas ante un jurado investigador y el mes pasado otorgó inmunidad a un aliado de Trump para asegurar su testimonio.
Entre el banquillo y las urnas
La pesquisa está siendo dirigida por Jack Smith, quien anteriormente dirigió la sección de integridad pública del Departamento de Justicia y más recientemente ha fungido como fiscal de crímenes de guerra en La Haya. Smith también está supervisando aspectos clave de una investigación separada del Departamento de Justicia relacionada con los intentos de Trump y sus aliados de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, investiga por separado los intentos de anular los resultados de ese estado también.
El nombramiento de Smith por parte del procurador general Merrick Garland ocurrió tres días después de que Trump declarara su candidatura a la Casa Blanca. El anuncio no detendrá la investigación, aunque podría acelerar su ritmo para evitar interrumpir la carrera por la presidencia de 2024 en su punto más álgido.
