El presidente Donald Trump sorprendió en las últimas horas con la firma de una resolución ejecutiva histórica que ordena el cierre del Departamento de Educación de Estados Unidos.
Fiel a su estilo extravagante, se rodeó de niños en edad escolar en la Casa Blanca para comunicarle la medida a la nación, que, de cumplirse, implicará un giro radical en la gestión educativa en el país más poderoso de occidente.
La orden supone transferir todas las competencias del Departamento de Educación a los 50 estados, eliminando la intervención federal en la toma de decisiones sobre políticas educativas, asignaturas y distribución de recursos. De acuerdo con la imposición, los gobiernos estatales tendrán plena autonomía para manejar estos aspectos sin la supervisión del gobierno central en Washington, algo que implica un cambio de raíz en la estructura educativa estadounidense.
Sin embargo, el plan tiene un inconveniente fundamental: el Departamento de Educación fue creado por el Congreso en 1979, lo que significa que solo el Poder Legislativo puede desmantelarlo. A pesar de ello, Trump instruyó a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a llevar a cabo despidos masivos y recortes de fondos, como primer paso hacia la disolución del organismo federal. La idea es reducir a la mínima expresión su tamaño y estructura, buscando lo que la administración considera una mayor eficiencia en la gestión de los recursos.
El Departamento de Educación maneja un gigantesco presupuesto estudiantil de unos U$S 16 mil millones, una cifra que Trump considera que no puede ser administrada de manera adecuada por la agencia actual. Por ese motivo, propuso que esta responsabilidad se transfiera a una nueva entidad que aún no ha sido creada. Al mismo tiempo, propone eliminar lo que el Gobierno considera estructuras administrativas innecesarias, con la promesa de que los fondos llegarán directamente a las comunidades educativas sin intermediación federal.
Destrucción de empleos
La reducción de personal será contundente. Se prevé una disminución de la planta permanente del 50%, lo que dejaría al Departamento con unos 2.100 empleados, frente a los más de cuatro mil con los que contaba cuando Trump asumió la presidencia. Además, cerca de 600 empleados optaron por renuncias voluntarias o jubilaciones anticipadas, con indemnizaciones que dependen del tiempo de servicio de cada uno.
Este cambio no afectará –según Trump– a los programas principales de financiación educativa, como los préstamos estudiantiles o las becas Pell para estudiantes de bajos ingresos, pero sí modificará su gestión de manera sustancial. Por ejemplo, los recursos para educación primaria y secundaria, que son obligatorios y gratuitos en las escuelas públicas, seguirán recibiendo fondos federales, pero su distribución estará en manos de los estados. Lo mismo ocurrirá con los recursos destinados a estudiantes con necesidades especiales, en virtud de la ley IDEA. Este instrumento legal fue sancionado por el Congreso estadounidense en 1975 con el propósito de asegurar que los niños con discapacidades tengan las mismas oportunidades de recibir educación pública gratuita y apropiada, como los otros niños. En la actualidad, el beneficio alcanza a unos seis millones de alumnos.
En cuanto a la educación superior, el Gobierno Federal asegura que los préstamos y las becas seguirán existiendo, pero su administración se trasladará a otras agencias gubernamentales, lo que podría cambiar las condiciones de acceso y de reembolso.
No más diversidad ni inclusión
Además, Trump señaló que los programas que promuevan diversidad, equidad e inclusión (DEI), y los que gestionan cuotas para garantizar una representación racial diversa en las aulas, serán eliminados. Estos programas han sido objeto de críticas dentro de la administración Trump, que los considera un gasto innecesario en un sistema educativo que, según el presidente, debe centrarse en la eficiencia y no en la “ideología de género y racial”.
El cierre del Departamento de Educación, tal como lo planea Trump, no implica una desaparición inmediata de la financiación educativa, pero sí una transformación profunda en la forma en que se gestionan los recursos y se administran las políticas. Al reducir la agencia a su mínima expresión, el mandatario busca crear las condiciones necesarias para que, en el futuro, el Congreso apruebe su disolución definitiva.
Analistas coinciden en que este cambio generará, sin duda, un gran debate sobre el futuro de la educación en Estados Unidos, sobre todo en un momento en que la gestión federal resulta clave para garantizar la equidad en el acceso a la educación y la distribución de recursos en todo el país. Lo que está claro es que, con esta orden ejecutiva, Trump ha dado un paso decisivo hacia una descentralización total del sistema educativo en el país.
