El gobierno del presidente Joe Biden debe emitir esta semana un veredicto formal sin precedentes sobre si los bombardeos sobre Gaza y las restricciones a la entrega de ayuda por parte de Israel han violado las leyes internacionales y estadounidenses diseñadas para proteger a los civiles de los horrores de la guerra.
Una decisión contra Israel, aliado de Estados Unidos, aumentaría la presión sobre Biden para frenar el flujo de armas y dinero al ejército israelí. El gobierno demócrata dio uno de los primeros pasos en esa dirección al pausar el envío de 3.500 bombas ante una inminente ofensiva israelí en Rafah.
El gobierno aceptó en febrero negociar un acuerdo que le obligara a examinar si las fuerzas israelíes en Gaza habían utilizado armas provista por Washington.
Adicionalmente, debe informar al Congreso si considera que Israel impidió la entrega de cualquier ayuda humanitaria a la población civil gazatí.
El gobierno se ve obligado a tomar una decisión cuando la agitación por las negociaciones para un alto al fuego mediadas internacionalmente y una inminente ofensiva israelí en Rafah podrían cambiar tanto el curso de la guerra de Israel como el del apoyo de los estadounidenses hacia ella.
La campaña de Israel para aplastar al grupo armado palestino Hamas tras su ataque en octubre, y el desastre que siguió para los civiles de Gaza, alimentan también el debate en los centros del poder. ¿Debería Estados Unidos actuar ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas por Israel cuando las identifica, como sus defensores dicen que exige la ley estadounidense? ¿O únicamente cuando considera que hacerlo es útil para los intereses estratégicos estadounidenses?
Los unos y los otros
“Si bien los derechos humanos son un componente importante del interés nacional, las prioridades estadounidenses son mucho más amplias, coincidieron el senador Jim Risch, el republicano de más alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y Michael McCaul, presidente republicano de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, para instar a Biden a derogar el Memorando de Seguridad Nacional 20.
Pero el senador Chris Van Hollen, el demócrata que encabezó las negociaciones del Congreso con la Casa Blanca para ordenar la revisión, dijo que temía que el viejo deseo de los gobiernos estadounidenses de mantener una sólida asociación de seguridad con Israel influyera en el resultado.
Israel es el mayor receptor de asistencia de seguridad estadounidense. El sufrimiento palestino en la guerra en Gaza ha provocado protestas y otros desafíos para Biden dentro y fuera del país mientras busca su reelección contra Donald Trump.
Los grupos de derechos humanos llevan mucho tiempo acusando a las fuerzas de seguridad de Israel de cometer abusos contra los palestinos y a los líderes israelíes de no exigir cuentas a los responsables.
Israel dice que sigue todas las leyes estadounidenses e internacionales, que investiga las acusaciones de abuso por parte de sus fuerzas de seguridad y que su campaña en Gaza es proporcional a la amenaza existencial que, manifiesta, representa Hamas.
Toma de distancia
A medida que crece el sufrimiento de los civiles palestinos, Biden y su gobierno se alejaron de su inquebrantable apoyo público inicial a Israel y comenzaron a criticar su conducta en la guerra.
Por caso, después de que las fuerzas israelíes mataron en abril a siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen -organización no gubernamental que abastece comidas en todo el mundo tras situaciones excepcionales-, Biden señaló por primera vez que podría recortar la ayuda militar a Israel si no cambiaba su manejo de la guerra y de la ayuda humanitaria.
Según un acta del Congreso de 1997 conocida como Ley Leahy, cuando Estados Unidos encuentra evidencia creíble de que una unidad de seguridad de fuerzas extranjeras ha cometido graves abusos contra los derechos humanos, se supone que cualquier ayuda estadounidense a esa unidad se suspende automáticamente.
Antony Blinken, el secretario de Estado, ,manifestó a Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, que Estados Unidos encontró creíbles las pruebas de abusos por parte de la unidad israelí de infantería Netzah Yehudaen acusada de la muerte de un palestino estadounidense y de otros abusos en la Cisjordania ocupada por Israel antes de que estallara la guerra en Gaza.
Además, un informe dirigido al gobierno por un panel no oficial de expertos militares y exfuncionarios del Departamento de Estado señala ataques israelíes específicos contra caravanas de ayuda, periodistas, hospitales, escuelas, centros de refugiados y otros objetivos protegidos por la ley. El informe sostiene que el gobierno debe encontrar que la conducta de Israel en Gaza ha violado la ley. Amnistía Internacional sostiene lo mismo.
Desproporcionalidad
En tanto, críticos estadounidenses y grupos de derechos humanos coinciden en que las elevadas cifras de muertes de civiles en los ataques de Israel van mucho más allá de las leyes de proporcionalidad. Por caso, señalan un ataque del 31 de octubre contra un edificio de seis pisos en Gaza que mató al menos a 106 civiles. Los críticos dicen que Israel no proporcionó ninguna justificación inmediata para ese ataque.
“Están tomando lo que hicimos en Mosul y Raqqa, y lo llevan diez veces más lejos”, exceden incluso lo que estaba permitido bajo las reglas de enfrentamiento de Estados Unidos en ese momento en la llamada guerra contra el terrorismo, dijo Wes Bryant, quien trabajó en la Fuerza Aérea como experto en el establecimiento de objetivos y dirigió células de ataque contra el Estado Islámico y otros grupos extremistas en Afganistán, Irak y Siria. Está entre quienes instan a Estados Unidos a condicionar el apoyo militar a Israel.
“Si este es el nuevo estándar para la guerra en el siglo XXI, bien podríamos regresar a la Segunda Guerra Mundial”, razonó Bryant.
Israel y el gobierno de Biden dicen que la presencia de Hamas en túneles a lo largo de toda Gaza y su presunta presencia en hospitales y otros sitios protegidos dificultan que las fuerzas israelíes eviten un gran número de bajas civiles.
