La crisis política en Perú se profundizó este jueves con la presentación de cuatro pedidos legislativos de destitución (vacancia) contra la presidenta Dina Boluarte, mientras congresistas de diversas facciones ya solicitaron formalmente a embajadas clave que no le otorguen asilo político por los rumores de una inminente salida del poder.
La mandataria, que carece de bancada legislativa propia, enfrenta un quiebre total en las alianzas políticas que la habían sostenido desde su ascenso a la Presidencia a finales de 2022.
Alianza rota y solicitudes de vacancia
Casi todas las bancadas, incluyendo grupos conservadores que históricamente la protegieron, como Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso (APP), anunciaron su cambio de posición y su apoyo a los pedidos de destitución. Las solicitudes formales para remover a Boluarte ingresaron al Parlamento por presunta “incapacidad moral permanente”.
El detonante inmediato de esta crisis fue la percepción de un alza incontenible de la criminalidad, extorsiones y asesinatos que el gobierno no logró detener. Esto se exacerbó tras un tiroteo ocurrido el miércoles contra la popular banda de cumbia Agua Marina en un recinto militar, que dejó cinco heridos.
La incapacidad para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado es la principal acusación de sus antiguos aliados.
Para que los pedidos de destitución prosperen, se requieren 26 firmas para la presentación, 56 votos para su admisión a debate, y finalmente 87 votos para concretar la remoción de la gobernante.
Bloqueo activo del asilo
Ante la inminencia de su posible destitución abrupta, circularon informes periodísticos peruanos de que Boluarte estaría buscando un eventual asilo en sedes diplomáticas.
En respuesta, congresistas de derecha e izquierda ya tomaron medidas activas para bloquear cualquier intento de asilo:
- Patricia Chirinos, congresista del partido de derechas Avanza País, solicitó directamente a los gobiernos de Brasil y Ecuador que no le concedan asilo. Chirinos, cuyo partido formó parte del grupo que sostuvo a Boluarte en el poder, argumentó que no se trata de persecución, sino de justicia, y que Boluarte “debe responder ante el pueblo peruano por su incapacidad, su indolencia y las muertes que pesan sobre su Gobierno”.
- Elías Vara, congresista del partido izquierdista Juntos Por el Perú (JPP), informó que ha enviado oficios a cerca de treinta embajadas para que no la acepten en sus sedes diplomáticas.
Además de Brasil y Ecuador, periodistas peruanos también han mencionado que Boluarte habría buscado opciones de asilo en la embajada de Argentina.
Cabe destacar que el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, se encuentra precisamente este jueves en Quito, Ecuador, participando en una reunión de la Comisión de Vecindad.
Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022, sucediendo a Pedro Castillo (de quien era vicepresidenta) después de que este fuera destituido por el Congreso tras un fallido intento de golpe de Estado.
La presidenta, cuya aprobación se sitúa en un mínimo histórico de apenas 3%, es la mandataria más impopular de Latinoamérica. Su baja popularidad se debe, en gran parte, a las más de 50 muertes ocurridas durante la represión de las protestas que exigían nuevas elecciones tras la caída de Castillo, así como a las numerosas investigaciones por presunta corrupción que la involucran.
En caso de que se consume la destitución, el Presidente del Congreso asumiría la Presidencia de manera interina hasta la celebración de las nuevas elecciones, previstas para abril de 2026. De ser removida, Boluarte se convertiría en el séptimo mandatario de Perú desde 2016.
Con información de las agencias EFE y AP
