El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS) de los Estados Unidos planea ofrecer una suma de U$S 2.500 a niños migrantes que opten por la deportación voluntaria del país. El proyecto, presentada como una “opción estrictamente voluntaria”, busca incentivar el reasentamiento de niños migrantes no acompañados.
Según una nota enviada por el HSS a proveedores de servicios legales, este pago se entiende como un “beneficio destinado a apoyar los esfuerzos de reintegración” después de que la persona salga de EE. UU..
Detalles del programa
La medida es una continuación de la dura posición de la Administración Trump en materia inmigratoria. Específicamente, la iniciativa ofrece un estipendio para un “reasentamiento único” dirigido a menores extranjeros no acompañados que estén bajo la custodia de la Oficina de Refugiados y Reasentamiento (ORR), la cual depende del HHS.
Aunque apunta a niños de 14 años en adelante, se espera que sea ofrecida primero a adolescentes de 17 años. Para ser elegibles, los menores no deben provenir de México. Para quienes estén interesados, sus proveedores de servicios legales deben avisar al HSS “lo antes posible”.
Un vocero de la cartera aclaró que cualquier pago destinado a facilitar el regreso a casa se proporcionaría únicamente después de que un juez de inmigración conceda la solicitud y la persona llegue a su país de origen.
Para la ley estadounidense, un niño migrante que llega a la frontera sin un padre o tutor legal se clasifica como “no acompañado” y es enviado a refugios administrados por el Gobierno. El HSS estima que alrededor de 2.100 menores están actualmente bajo custodia federal.
Temores y costos
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la ORR del HHS sostienen que esta “opción voluntaria da a los menores extranjeros no acompañados la posibilidad de elegir y les permite tomar una decisión informada sobre su futuro”.
Sin embargo, grupos pro-inmigración temen que el Departamento de Salud y Servicios Humanos esté ofreciendo esta alternativa a los niños sin la presencia de un abogado e instan al Gobierno a comunicar la medida abiertamente.
En redes sociales, estos grupos replicaron la iniciativa, señalando que habían escuchado a funcionarios del ICE referirse a la operación como “Freaky Friday” (Viernes loco). Desde el organismo, se calificó el término como “ridículo” e inventado, si bien admitieron que se estaba ofreciendo dinero a menores para que se autodeportaran.
Funcionarios han defendido los incentivos para la autodeportación, argumentando que son más beneficiosos económicamente, dado el alto costo que representa la detención y deportación de inmigrantes. El ICE ya opera un programa similar con un beneficio de U$S 1.000 para adultos. Para financiar las deportaciones voluntarias, el Departamento de Estado transfirió US$ 250 millones al HHS en junio.
Esta política se implementa poco después de que, a fines de agosto, una jueza federal evitara a último momento la deportación de un grupo de 76 niños guatemaltecos que habían cruzado la frontera sur sin sus familias.
