La política exterior de Estados Unidos está experimentando un cambio hacia el uso del “poder duro” en Latinoamérica, enfatizando la seguridad militarizada y la presión económica para contrarrestar la influencia de China. Este giro busca reforzar el liderazgo estadounidense en el hemisferio occidental y garantizar el acceso a recursos clave, pero conlleva riesgos importantes: mayor inestabilidad, erosión de los controles democráticos y aumento de la violencia.
Bajo el mando de Donald Trump, la Casa Blanca optó siempre por respuestas de “mano dura” frente al crimen organizado, apoyando gobiernos que militarizan la seguridad interna.
Si bien estas estrategias generan apoyo inicial, los efectos a largo plazo son preocupantes, ya que pueden intensificar la violencia y violar derechos humanos. Sobran botones de muestra al respecto.
Sismo geopolítico
El 3 de enero pasado, la operación militar de Estados Unidos contra Venezuela, que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro, marcó un hito en la política exterior estadounidense. Este ataque no sólo afecta a la República Bolivariana, sino que forma parte de una estrategia más amplia para contener la expansión de China, redefinir el uso de la fuerza, garantizar el acceso a recursos clave y debilitar las normas internacionales.
La intervención marca el regreso de Estados Unidos a una postura más agresiva, considerando a los gobiernos “hostiles” como objetivos legítimos de intervención. Esta política unilateral podría establecer un peligroso precedente para futuras intervenciones en Latinoamérica.
Las reacciones en la región ante el giro drástico son dispares. En Ecuador, en noviembre último, un referéndum convocado por Daniel Noboa rechazó la posibilidad de reinstalar una base militar estadounidense, reflejando el rechazo social a una mayor presencia de Washington.
Sin embargo, en otros países, el avance del crimen organizado y la cercanía de elecciones impulsan discursos y políticas cada vez más duras. Bolivia, Chile y Honduras ya atravesaron procesos electorales recientes, mientras que Colombia, Brasil, Perú y Costa Rica se encaminan a elecciones este año. En todos estos casos, la seguridad y el combate al crimen organizado ocupan un lugar central en el debate público.
En ese contexto, el modelo de “mano dura” del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aparece para algunos sectores como una solución rápida frente al delito, aunque también despierta crecientes preocupaciones por sus derivaciones autoritarias y los riesgos de violaciones a los derechos humanos.
Democracia y derechos humanos
Uno de los mayores riesgos de la militarización de la seguridad es el aumento de la violencia y la violación de derechos humanos. Las políticas de “mano dura” suelen derivar en abusos por parte de las fuerzas armadas, incluidas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.
Estos excesos no sólo afectan a las víctimas directas, sino que también socavan la confianza de la población en las instituciones democráticas. En ese marco, la menor preocupación por los derechos humanos en la política exterior de Estados Unidos alienta a otros gobiernos de la región a adoptar tácticas represivas, lo que debilita las bases democráticas y alimenta un círculo vicioso de violencia y autoritarismo.
Esa dinámica ya muestra consecuencias concretas. En El Salvador y Ecuador, por caso, las fuerzas armadas han sido acusadas de abusos graves, incluidas desapariciones forzadas y ataques a la población civil, una tendencia que pone en riesgo los logros democráticos alcanzados en la región durante las últimas décadas.
A ello se suma un límite estructural de este enfoque. La militarización de la seguridad no ataca las causas profundas de la violencia –como la pobreza y la corrupción– y, con frecuencia, termina agravándolas.
En lugar de desmantelar de manera efectiva a las organizaciones criminales, la fragmentación de estos grupos puede derivar en mayores niveles de violencia, como ocurrió en México tras la captura de líderes del cartel de Sinaloa.
Futuro
En este contexto, la polémica intervención violenta en Venezuela –que abrió un debate global sobre su legalidad– aparece como un ejemplo de cómo la política estadounidense está reconfigurando la geopolítica hemisférica. Si bien la intervención directa de Washington puede interpretarse como un intento de contener la expansión de China y proteger sus intereses económicos, sus efectos colaterales pueden resultar desastrosos.
A medida que la región enfrenta una creciente militarización y políticas de seguridad más duras, el riesgo de mayor inestabilidad y debilitamiento democrático se vuelve cada vez más evidente.
La advertencia es clara: las acciones unilaterales y el refuerzo de la presencia militar tienden, en términos generales, a desencadenar dinámicas de violencia y represión que socavan la estabilidad política en Latinoamérica. De persistir este rumbo, la región corre el riesgo de quedar atrapada en un ciclo de conflictividad crónica, mientras las causas estructurales de la inseguridad y el crimen organizado permanecen intactas.
