Emigrar buscando un futuro mejor, es el camino mas buscado y optado por los jóvenes. Es así como José Antonio Potes viajó a El Salvador con la ilusión de conseguir buen trabajo y progresar con su familia.
Con expectativas respecto de las nuevas políticas que el presidente centroamericano Nayib Bukele estaba tomando en el país, abandonó el Valle del Cauca, en Colombia y se emprendió hacia el país vecino. La sorpresa fue que al llegar fue detenido y acusado de pertenecer a la Mara 18 de Colombia.
Según la familia, dicen que el joven fue detenido por tener un tatuaje en el pecho. Desde ese día no tienen noticias de él y creen que se encuentra en una de las mega prisiones del país centroamericano.
La madre y su pareja aclaran que José Antonio no tiene antecedentes penales y que sólo tiene un tatuaje en el pecho, hecho por el cual se puede ir preso en El Salvador, algo que ha sido denunciado por distintas organizaciones de derechos humanos.
“Un solo tatuaje tiene, y es en el pecho, y es el nombre de mi mamá, la fecha en que nació mi mamá y en la fecha en que mi mamá nos faltó”, dijo la madre del muchacho detenido.
En dicho país, los principales patrones por los que se detienen a personas en El Salvador incluyen supuestas denuncias anónimas, la tenencia de tatuajes o de antecedentes penales previos de cualquier tipo.
La organización de derechos humanos denunció que “por más de un año se han suspendido garantías procesales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, lo cual ha permitido la detención arbitraria y el encarcelamiento de más de 66 mil personas en tiempo récord. Amnistía Internacional ha documentado alrededor de 50 casos en los que ha podido identificar un patrón de detención y encarcelamiento arbitrario a gran escala”.
Régimen de excepción en El Salvador: de que se trata
El régimen de excepción fue inicialmente adoptado por 30 días para hacer frente a un aumento de la violencia de las pandillas. Como denuncia Human Rights Watch, desde entonces, la policía y los militares han detenido a más de 65.000 personas, incluyendo a cientos de niños y niñas.
La organización dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, Human Rights Watch, afirma que las “personas detenidas han sido torturadas, decenas han muerto bajo custodia y miles han sido sometidos a procedimientos penales abusivos sin debido proceso y han permanecido incomunicadas. Las autoridades han provocado un enorme sufrimiento a los familiares de los detenidos al negarles información sobre sus paraderos, lo cual constituye una desaparición forzada conforme al derecho internacional”.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias, desaparición forzada y asesinato.
Respecto a estas nuevas políticas, la población salvadoreña considera que el régimen de excepción “no resolverá el problema” de las pandillas en El Salvador, aunque el 75,9% de los ciudadanos aprueba las medidas.
El documento, del Instituto Varieties of Democracy (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, señala que bajo el Gobierno de Nayib Bukele se “intensificó su represión contra los periodistas y la libertad de prensa” y que junto a Túnez “ya no son democracias”.
